El runrún que ha provocado el endurecimiento de la Ley Helms-Burton no va a amilanar a los hoteleros mallorquines con intereses en Cuba, a pesar de la incertidumbre que reina después de que la Administración de Donald Trump activara el título III de esa norma. Se ha abierto la veda para que los estadounidenses, entre ellos los cubanos nacionalizados, puedan interponer demandas en Estados Unidos contra las compañías que se beneficien de las propiedades que fueron expropiadas en la isla caribeña tras la llegada de Fidel Castro al poder. Hay una lista negra con más de doscientas empresas entre las que podrían figurar hoteleros mallorquines.

Casi todos al unísono, tanto los que se pronuncian -Meliá, Barceló, Blau o Valentín Hotels- como los que prefieren no hacer declaraciones públicas, como Iberostar, enarbolan que los hoteles que gestionan en Cuba no ocupan propiedades confiscadas. Y lo más importante, no están solos: tanto el Gobierno español como la Unión Europea les respaldan, y tomarán medidas.

En Cuba operan 21 cadenas hoteleras extranjeras, y las mallorquinas, con Meliá e Iberostar a la cabeza, ocupan un lugar preeminente. Además, son más de 120 las empresas españolas con intereses en el país. Hay mucho en juego.

Coincidiendo con FitCuba, la feria turística de la isla que se celebró la semana pasada -y este año se dedicó a España y al 500 aniversario de La Habana-, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, viajó al país y participó en reuniones de la Cámara de Comercio de España y la CEOE. Maroto también visitó instalaciones hoteleras en Varadero.

Este apoyo incondicional lo han agradecido los empresarios mallorquines, al tiempo que han reafirmado su compromiso por seguir apostando por el desarrollo turísitico cubano, país que aspira a llegar a los cinco millones de turistas extranjeros; ya recibe más de 4,7 millones, principalmente canadienses.

Meliá es la hotelera española con mayor presencia en la isla, abrió su primer hotel en 1990, el Sol Palmera, en Varadero. Gestiona 34 hoteles y tiene varios proyectos en ciernes. La cadena se adelantó al levantamiento de la suspensión de la ley estadounidense para comunicar que "opera legítimamente" en el país y confirmar que no es propietaria de bienes y solo actúa como mera gestora hotelera. También ha sido la primera en ser demandada, pero no en EE UU, sino en Palma, por supuestamente aprovecharse de una finca expropiada a la familia de Lucas Sánchez Hill. Al respecto, no ha hecho ninguna valoración pública.

Desde Barceló, que inauguró su primer establecimiento allí en 2002, declaran que no están preocupados "en absoluto" ante posibles demandas. Se han asegurado de que "ninguno" de sus tres hoteles fueron expropiados a ciudadanos estadounidenses. La cadena continúa analizando nuevos proyectos en Cuba.

"Nosotros no tenemos propiedades en EE UU, así que no estamos preocupados", explica Pablo Suárez, director general de Blau Hotels. Su hotel en Varadero se erige en un terreno que perteneció a la familia Dupont y lo cedió al Gobierno cubano. Blau gestionará otro más y un tercero ahora en construcción.

Desde Valentín Hotels, José Codolá subraya que al apoyo de la UE y Maroto se une el del Gobierno cubano, "que nos da todas las garantías jurídicas". No obstante, el consejero de la cadena que gestiona un hotel en Cayo Santa María señala que son prudentes mientras indagan sobre el origen de la propiedad.

Como apunta Suárez, todo este runrún es más "un tema político". "Espero que no pase de ser mucho ruido y pocas nueces", dice Codolá.

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