El Colegio de Abogados (ICAIB) reclama, en un manifiesto dirigido a la clase política, que Balears asuma las competencias de Justicia, “pero con la dotación económica suficiente para hacer realidad la inversión necesaria que permita cubrir, en todas las islas, las necesidades de medios humanos, materiales y futuras”. Los abogados justifican que el ministerio, presidido ahora por la fiscal Dolores Delgado, ceda sus competencias en que el Govern propiciará “una gestión más próxima a la ciudadanía y también mucho más ajustada a las necesidades reales que presenta la Administración de Justicia en las islas, así como el avanzar en el objetivo de una Justicia ágil y próxima”. Balears es una de las pocas comunidades autónomas españolas que sigue dependiendo del ministerio de Justicia (a través de una Gerencia) para dotar a los juzgados y tribunales de medios materiales y personal.

Hace unos años se iniciaron contactos entre el Govern y Madrid para que el primero asumiera esas competencias, pero no se llegó a un acuerdo por diferencias económicas.

El Ministerio se ha mostrado en las últimas décadas muy cicatero a la hora de prestar ese servicio, racanería que se ha acentuado tras la crisis.

Colas en la Gerencia

Entre los males actuales de la Justicia, el ICAIB destaca la no creación de juzgados necesarios, como el tercero de violencia sobre la mujer en Palma o los de familia y de lo social en Eivissa, así como “la preocupante situación” de los juzgados de esta última ciudad, tras el incendio de enero.

A la Gerencia se le critica, desde el manifiesto, por la deficiente atención que presta a los ciudadanos que acuden a sus oficinas, fundamentalmente para el certificado de delitos sexuales o el de penales. Estas carencias de la delegación se han traducido en colas de personas al sol, una situación que, según el ICAIB, habría que paliar.

Otros problemas graves de los que se responsabiliza al Ministerio son las largas demoras en pagar a los abogados del Turno de Oficio por sus asistencias y el hecho de que los baremos de pago sean más bajos que los ofrecidos por Comunidades con competencias. El Colegio reclama que los abonos se hagan mensualmente, que incluyan servicios que se prestan pero gratuitamente o con coste para el letrado, y que estén equiparados a lo que percibe el Turno de Oficio del resto de España. En las islas hay más de 700 abogados del Turno de Oficio.