Los profesores de la facultad de Filosofía de la UIB Miguel Beltrán y Andreu Jaume no admitieron ayer, ante la jueza Francesca Ramis, haber acosado laboralmente o amenazado a su compañera de claustro Lucrecia Borges, acosado laboralmente o amenazado a su compañera de claustro Lucrecia Borges,por lo que la magistrada señaló la vista oral de este caso para finales del mes de junio. La Universitat se sentará también en el banquillo como posible responsable civil subsidiaria de los dos docentes por una cuantía de nueve mil euros.

Ayer se celebró la vista preliminar de esta causa, que hay que situarla en un contexto de guerra interna en el departamento de Filosofía, conflicto que lleva varios años sin solucionarse.

Fuentes próximas al caso ya habían indicado que los dos acusados no se iban a declarar culpables de nada, mientras que la acusación particular en nombre de la supuesta víctima no se mostró dispuesta a retirar los cargos.

Según fuentes próximas a la docente denunciante, ésta podría haber considerado un posible acuerdo si los acusados admitían alguno de los hechos. Sin embargo, los dos profesores defienden a ultranza su inocencia.

Testigos de la UIB

La vista oral ha sido programada para los días 27 y 28 de junio, aunque podría ampliarse a un tercer día si la segunda jornada no es suficiente para los informes finales.

La acusación particular, representada por Gabriel Lladó, reclama sendas penas de dos años de cárcel para los docentes, idéntica petición a la del ministerio fiscal.

Para la vista oral serán citados otros profesores, alumnos y empleados de la UIB, que han sido testigos de los hechos.

La denuncia fue interpuesta tras recibir la doctora Borges numerosos correos electrónicos, a través de servidores radicados en el extranjero que la Policía no consiguió trazar. Aunque la mayoría de los textos se refrieren con tenor insultante a cuestiones académicas, alguno de ellos se adentran en la esfera personal y afecta a la relación con otros miembros de la UIB. Los correos se complementaron con una batería de llamadas anónimas, recibidas en su domicilio y despacho por la denunciante.