La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada (Habtur) ha anunciado esta mañana que va a presentar una demanda administrativa contra el decreto del Ayuntamiento de Palma por el que se regulaba el negocio de la vivienda turística. El abogado de esta asociación que el decreto realizado por Cort vulnera varios principios constitucionales, como por ejemplo la libertad de empresa, el derecho a la vivienda y el principio de igualdad. Esta normativa municipal se aprobó en el Pleno celebrado el pasado día 26 de julio y se publicó dos días más tarde.

El letrado que representa a esta asociación, Tomás Villanueva, denunció que el Ayuntamiento de Palma todavía no ha entregado todo el expediente administrativo que se tramitó para aprobar esta normativa, dado que todavía no han encontrado un solo documento que pueda justificar la proporcionalidad de las medidas. "Han disfrazado la zonificación y se han limitado a prohibir. Han provocado una discriminación al prohibir alquilar a turistas las viviendas plurifamiliares y autorizan las unifamiliares.

El letrado se queja de que no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento argumente para justificar estas medidas que existía una carencia de viviendas de alquiler para la población residente, dado que se ha demostrado que esta medida no ha servido para rebajar los precios del alquiler, ni tampoco ha puesto en el mercado más casas para alquilar. Aseguró que el problema de los precios abusivos del alquiler, no está en las viviendas turísticas, sino e el crecimiento de empleo y sobre todo en el aumento demográfico.

El abogado aseguró que la normativa de Palma sobre la regulación de este sector lo que ha hecho es vulnerar una serie de normativas europeas y que el Ayuntamiento, en vez de construir casas sociales, lo que ha hecho es culpar del problema de la vivienda a los propietarios que se dedicaban a alquiler sus propiedades a los turistas. Criticó también que no se haya hecho un estudio serio que demuestre que esta actividad provoca problemas de convivencia entre los vecinos de las fincas o que los turistas que se hospedan en casas aumenten el consumo de agua.

Villalonga aseguró que la normativa de Palma es un claro ejemplo de la vulneración de la normativa europea y nacional, y afecta al principio constitucional sobre la igualdad ante la ley. Recordó que han sido varias las demandas judiciales que se han ganado en los tribunales, anulando las normativas que regulan esta actividad en varias ciudades, entre ellas Madrid y Tenerife. Por este motivo, se mostró muy optimista en que esta demanda contra la normativa del Ayuntamiento de Palma también se gane y los tribunales anulen estas restricciones.

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