La fiscalía anticorrupción acusa, en su escrito de calificación , a la cúpula de la desaparecida caja de ahorros Sa Nostra, que será juzgada por causar, presuntamente, un quebranto a la entidad de entre 48 y 66 millones de euros 48 y 66 millones de euros con la frustrada urbanización de las fincas de Son Bordoy por Martín Gual, de financiar con 7,6 millones otra operación de alto riesgo de dicho promotor con la compra de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Campanet. La fiscalía también imputa a los exgestores de Sa Nostra el abonar cinco pagarés duplicados, por casi 3,72 millones de euros, a Gual por otra operación.
Del caso Sa Nostra serán juzgados por un tribunal de la Audiencia Nacional los acusados Pere Batle, Pau Dols y Rafael Oliver, los tres máximos gestores de la entidad entre 2005 y 2010, y el empresario Martín Gual, dueño del Grupo Martín Gual, y su ejecutivo Javier Collado. La fiscalía reclama sendas penas de cuatro años de cárcel para Batle, Dols, Oliver y Gual y de dos años y medio para Javier Collado.
Ocultar la ruina de la caja
Según la fiscalía, la cúpula de Sa Nostra habría desviado entre 48 y 66 millones a empresas del Grupo Martín Gual en un afán de ocultar la ruina de la entidad, por los préstamos millonarios otorgados a las promotoras Grupo FBex y Grupo Ibercon.
Martín Gual prometió ejecutar los proyectos fallidos de los otros dos grupos y para ello recibió decenas de millones de euros de Sa Nostra que, de acuerdo con la fiscalía, desvió hacia otros fines, negocios y gastos particulares en España y en el extranjero. El grueso del dinero teóricamente tenía que haber servido para construir casas en las fincas de Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet, que nunca llegaron a ser urbanizadas.
Pero Martín Gual hizo otros negocios con la caja pública. Así recibió de Sa Nostra en marzo del 2010, en plena crisis, 7,6 millones para comprar una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Campanet. Esta finca, pese a su situación legal, fue tasada en 10,91 millones de euros y comprada por Gual en 10,92 millones.
La comisión ejecutiva de la entidad financiera aprobó la operación, pese a que el informe de análisis de riesgo previo alertaba de que el Grupo Martín Gual estaba reclamando financiación con "sociedades con nula solvencia y capacidad de pago" e "insuficientes garantías al tratarse de suelos rústicos que probablemente tengan un valor de mercado actual inferior al endeudamiento". Los analistas también acusaron al promotor de que sus proyectos sufrían "dilación de plazos y con "gestión urbanística con incertidumbres". Gual también pedía millones para la gestión del suelo y la financiación de los costes financieros.
