Mallorca ha sido capaz de juzgar una parte de la dictadura de la corrupción del PP. Sin embargo, ni siquiera el ímpetu de un manojo de arrojados policías, fiscales, inspectores tributarios y jueces logró penetrar en la cueva del tesoro, también llamada Sa Nostra.
La oscura tiranía económica ejercida desde el bunker de Son Fuster, levantado por los arquitectos del Palma Arena, será abordada finalmente desde la sede antiterrorista de la Audiencia Nacional. Los crímenes organizados o de alcance nacional que se presentan ante la instancia madrileña llevan adjunto un trigger warning o aviso de que pueden herir la sensibilidad del espectador.
El banquillo reunido por Anticorrupción en la Audiencia confirma que los presidentes de Sa Nostra eran figurones, y que las tenebrosas transacciones iban dirigidas por la batura de Pere Batle, director general vitalicio de la entidad. Su precipitada jubilación adquiere así el perfil de una fuga, lejos quedan los tiempos dorados en que interpretaba a la perfección los designios de Jaume Matas, en impecable sintonía con Vicente Grande.
Visto el material probatorio, la mejor defensa de Batle y compañía consiste en inscribirse en la gloriosa tradición de la entidad que presuntamente saquearon. La mejor demostración de esta continuidad reside en que, al margen de una culpabilidad que corresponde dirimir al tribunal, a nadie en Mallorca le han sorprendido los hechos y los cargos. La arbitrariedad se les daba por supuesta.
Los políticos de PP, PSOE y PSM que ocuparon los cargos de representación y control (?) de la entidad, a cambio de jugosas dietas y favores paralelos, también podrían detallar los códigos de Sa Nostra. Los más ingenuos se limitaban a consignar el apego de la entidad por las operaciones ruinosas. La acusación en la Audiencia va un paso más allá, al insistir en que los proyectos megalómanos "no se desarrollaron" pese a que el dinero siguió fluyendo.
En los años del esplendor presuntamente delictivo de Sa Nostra, los trabajadores se enfurecían cuando se denunciaba el funcionamiento de la entidad. Hoy han perdido el empleo por culpa de sus gestores, mientras el conjunto de la población pagaba un rescate que los acusados en ningún caso podrán indemnizar con los 48 millones reclamados. Volaron.
