Los inspectores de Transportes van a realizar controles contra los vehículos piratas que operan en el aeropuerto de Palma durante dos de cada tres días de la temporada turística, con la previsión de incrementar las multas que se aplicaron durante el pasado año, según anunciaron el conseller y el director general del ramo, Marc Pons y Jaume Mateu respectivamente, que además destacaron la incorporación de un nuevo funcionario dentro de este cuerpo de vigilancia.
Este anuncio se realizó tras la reunión mantenida con representantes del sector del transporte para presentar la campaña de control sobre el intrusismo que se inició el mes pasado, que se va a mantener durante seis meses, y que se centrará en la vigilancia en el aeropuerto de Palma y en la isla de Eivissa.
Pons puso de relieve que se han programado controles durante 110 días de los 180 durante los que se desarrollará la campaña (por encima de las 84 jornadas fijadas en 2018), y se va a hacer especial incidencia en la lucha contra las empresas de transporte discrecional que hacen uso de microbuses y que captan a sus clientes dentro del aeropuerto, algo que legalmente solo pueden hacer los taxistas.
Para ello, se van a desplazar hasta estas instalaciones las ocho personas que componen el equipo de inspección, una más que en 2018, y algunas de ellas actuaran de paisano. La efectividad de este sistema se refleja en que este año ya se han abierto tres expedientes sancionadores contra este tipo de prácticas.
La presencia de los inspectores se desarrollará con un horario aleatorio, que incluirá también los fines de semana. Además de la captación ilegal que suelen realizar empresas del sector discrecional también se vigilará la actividad de los taxis y de los vehículos de alquiler con conductor.
Contraoferta empresarial para evitar la huelga
La patronal balear del transporte va a convocar una reunión interna para analizar una posible contraoferta a los sindicatos que evite la huelga anunciada por CCOO y UGT en el servicio discrecional (turístico). El gerente de esta federación empresarial, Salvador Servera, ha señalado que las empresas estaban dispuestas a firmar un convenio de cinco años con aumentos salariales equivalentes al IPC de cada ejercicio, y ha advertido de que la demanda sindical, de un aumento del 15% en tres años, resulta inasumible.
