La Audiencia Nacional juzgará, en fecha todavía sin determinar, a los tres últimos gestores de Sa Nostra, la emblemática caja de ahorros pública balear, que, entre 2005 y 2011, habrían dado muerte, con una serie de millonarias, temerarias y mal gestionadas operaciones inmobiliarias, a la entidad.
Los acusados son el ex director general Pere Batle, su adjunto Pau Dols y Rafael Oliver, director general de las empresas participadas por la caja (especialmente Invernostra) y que en su mayoría se dedicaron a negocios inmobiliarios.
Según la fiscalía anticorrupción los tres ejecutivos se prevalieron de su poder en la entidad y de su influencia sobre las decenas de miembros de la comisión ejecutiva de Sa Nostra y del consejo de administración de Invernostra, para hacer y deshacer en favor de Martín Gual.
Este último promotor, buen cliente de la caja, fue llamado en 2008 por los principales acusados como mirlo blanco para salvar a Sa Nostra del agujero negro que le habían producido otros empresarios del sector.
La fiscalía mantiene que "el objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja" causado por los grupos FBex e Ibercon.
Martín Gual habría aceptado "colocarse en la posición de esos deudores", pero sin poner ni un céntimo y, al contrario, percibiendo "un importante beneficio económico".
Crisis o apropiación indebida
El juicio del caso Sa Nostra servirá para clarificar si, como sostienen la fiscalía anticorrupción, Bankia (sucesora de la entidad y damnificada) y el Estado, los cinco acusados cometieron una apropiación indebida o un delito societario de varias decenas de millones de euros o fue la crisis la que hundió a la caja y frustró "la solución Gual" para el tremendo agujero.
Los miembros de la comisión ejecutiva de Sa Nostra y del consejo de administración de Invernostra fueron imputados por Pedraz. La larga instrucción, no obstante, ha demostrado que estas personas son inocentes y apoyaron las operaciones con el Grupo Martín Gual porque se lo dijo la cúpula de la entidad y porque vieron algunos informes favorables .
Las defensas de los acusados, entre las que se hallan Eduardo Valdivia, Llorenç Salvà y Cristóbal Martell, mantienen que los hechos no fueron delictivos y también alegan la prescripción de los posibles delitos.
La vista oral dedicará muchas horas a los informes periciales de las acusaciones y las defensas sobre las operaciones entre Sa Nostra y el Grupo Martín Gual.
En el sumario constan informes del Banco de España, de la Agencia Tributaria, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de auditores y de la consultoría PWC. También las defensas han contratado a peritos para contrarrestar las acusaciones de los otros expertos.
Más de veinte mallorquines acudirán como testigos a la vista.
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