La sala de lo penal de la Audiencia Nacional dictó hace unos días dos autos en los que confirmó que la excúpula de la desaparecida Sa Nostra y dos empresarios serán juzgados por un presunto descuadre de casi 50 millones de euros, cometido, entre 2005 y 2011, en el seno de dicha caja de ahorros. El tribunal desestima los recursos de los acusados, que serán así juzgados por otra sala de la Audiencia Nacional.
El juez Santiago Pedraz procesó el pasado 12 de febrero a Pau Dols, Pere Batle, Rafael Oliver, Martín Gual y Javier Collado por un supuesto descuadre de entre 48 y 65 millones en Sa Nostra, dinero que tenía que haberse destinado para las urbanizaciones de Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet.
Dos de los encausados, entre ellos el promotor Martín Gual y su ejecutivo Javier Collado, recurrieron el auto de procesamiento, primero en reforma ante Pedraz, y después en apelación. A los recursos se unieron Batle y Dols.
El instructor confirmó su resolución y ahora la sala de lo Penal también ha ratificado que los cinco acusados tendrán que sentarse en el banquillo.
Dos presuntos delitos
Los encausados fueron procesados por los supuestos delitos de apropiación indebida y societario, de los que el tribunal ve ahora indicios para que sean juzgados.
Gual y Collado sostuvieron que Pedraz no había fundamentado adecuadamente el auto de procesamiento, lo que les había causado indefensión. También alegaron que los hechos no eran constitutivos de delito.
La sala de apelaciones rechaza ambos argumentos y sostiene que Pedraz sí que razonó adecuadamente el encausamiento de la cúpula de Sa Nostra y de los dos empresarios.
Por otro lado, existen en la causa, según destaca el tribunal, abundantes datos que refuerzan las sospechas sobre los procesados. Entre estos indicios, que deberán ser analizados por el tribunal juzgador, destacan los informes del Banco de España, la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil sobre las operaciones de préstamos de Sa Nostra al Grupo Martín Gual y el desvío de ese dinero a fines distintos a la urbanización de Son Bordoy y las otras dos fincas.
Concierto de voluntades
"En el informe de la UCO de 16-02-2018 se indicó la existencia de una comunicación constante entre Martín Gual y los directivos de la caja también acusados, teniendo conversaciones sobre esas operaciones antes de que se adoptaran diversas decisiones relevantes por los órganos competentes de la caja, lo que pondría de manifiesto un concierto de voluntades entre ambos", explican los magistrados de la Audiencia Nacional. Los informes obrantes en el sumario también "concluyen que el dinero destinado para el desarrollo urbanístico de los terrenos no ha sido utilizado para ese fin, dado que los terrenos no se desarrollaron urbanísticamente como se había acordado", añaden los jueces.
La fiscalía reclama penas de 4 años para los principales acusados
La fiscalía anticorrupción ya ha redactado su escrito de calificación provisional por el caso Sa Nostra y reclama sendas penas de cuatro años de cárcel para los principales acusados: Pere Batle, Pau Dols, Rafael Oliver y Martín Gual, y de dos años y medio de privación de libertad para el empresario Javier Collado.
Anticorrupción sostiene que los cinco acusados habrían cometido un supuesto delito de apropiación indebida de fondos de la desaparecida caja de ahorros balear o, alternativamente, un presunto delito societario, ambos continuados. Los fiscales solicitan idénticas penas para los acusados tanto si son condenados por apropiación indebida como por delito societario. La acusación pública reclama también que los inculpados indemnicen al FROB (el Estado) con 48 millones de euros.
