Policías del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado por supuesta corrupción al empresario Bartolomé Cursach, se oponen a que el Tribunal Superior de Justicia impute al juez Manuel Penalva y al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, los anteriores instructores de dicha causa. Los agentes, que están investigados en una pieza separada por presunta revelación de secretos, mantienen que durante la instrucción del caso Cursach no se cometieron delitos.
La semana pasada el juez Miguel Florit dio traslado a las partes de esa pieza separada de dos informes de la Policía Judicial (acompañados de documentos sonoros y escritos), donde se insiste en que Penalva y Subirán habrían liderado una organización criminal para delinquir junto a los agentes de Blanqueo de Capitales.
De acuerdo con la Policía Judicial, una larga serie de conversaciones que los investigadores del caso Cursach mantuvieron a través de foros de WhatsApp acreditarían la comisión de varios delitos, entre ellos, y según los últimos informes aportados, tres de detención ilegal y uno de manipulación de testigos para perjudicar a terceros.
Con base en estos informes, y en un anterior atestado, el juez Florit ha planteado a las partes personadas en la pieza separada la conveniencia de elevar al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada para que se impute a Penalva y Subirán, que son aforados por su condición.
Policías de Blanqueo, que ya están investigados en esta causa tras ser detenidos hace unos meses, se oponen a esas nuevas imputaciones. Según estos agentes, los mensajes no prueban ningún tipo de delito y en la instrucción no se delinquió. Algunos de los mensajes son ofensivos para imputados del caso Cursach.
