La actividad de vehículos 'piratas' en el aeropuerto de Palma no deja de crecer, según denuncian los taxistas, y este año se está detectando la presencia de entre 50 y 60 microbuses que se dedican a la captación ilegal de turistas en el interior del aeropuerto, según los datos facilitados por el presidente de la asociación de autónomos del taxi (PIMEM), Biel Moragues, lo que supone un incremento respecto al verano pasado de un 20% a un 30%, añade.
Moragues achaca esta fuerte subida al cambio de legislación aprobado en materia de transportes. Antes, para montar una empresa transportista, era necesario contar con tres vehículos si era de mercancías y con cinco si era de pasajeros. Ahora con un microbús es suficiente, ya sea este en propiedad o alquilado. Esto está facilitando la aparición de intrusos que hacen uso de esos vehículos para captar a los clientes en el interior de Son Sant Joan, una práctica que legalmente solo pueden desarrollar los taxistas.
Hay que matizar que este problema se registra con empresas que actúan como transporte discrecional, y no por parte de vehículos de alquiler con conductor (VTC), lo que explica que la convivencia de éstos últimos con los taxistas sea pacífica en Mallorca, a diferencia de lo que ha venido sucediendo en Madrid o Barcelona.
Según los cálculos de la asociación de PIMEM, en estos momentos están operando en el aeropuerto entre un 20% y un 30% más de vehículos 'piratas', una situación que comienza a generar tensiones entre el colectivo representado por Biel Moragues, especialmente ante el temor de los taxistas a lo que puede suceder a medida que avance la temporada turística y aumente el número de llegadas a Son Sant Joan.
Por ello, Biel Moragues reclama a la conselleria de Movilidad que intensifique la vigilancia de sus inspectores, y apunta la necesidad de disponer de un funcionario permanente en estas instalaciones.
El director general de Transportes, Jaume Mateu, considera que la alarma expuesta por Moragues resulta excesiva, aunque asegura que entiende su preocupación y pone de relieve que la Conselleria ya se ha puesto en marcha el plan de lucha contra el intrusismo que el pasado ejercicio ya se implantó en Son Sant Joan entre abril y septiembre. Eso ha supuesto que durante la primera quincena de abril ya se había abierto un expediente sancionador a una empresa al detectar la captación ilegal de clientes antes señalada.
Pero Moragues afirma que los inspectores de Transporte acuden solo unos pocos días a la semana, lo que permite a las empresas 'piratas' actuar con notable impunidad, dado que además tienen ya identificados a los funcionarios cuando acuden a controlar la zona.
El precedente de 2017
La preocupación del presidente de la asociación de taxistas es que se puedan reproducir los incidentes que tuvieron lugar en mayo de 2017, cuando los enfrentamientos entre taxistas y coches 'piratas' en Son Sant Joan derivaron en un paro improvisado de los primeros, lo que generó el colapso en la movilidad de los pasajeros durante varias horas, al no encontrar medios de transporte suficientes para abandonar las instalaciones aeroportuarias. "La gente está muy cansada", subraya en relación al colectivo de los taxistas y a la sensación que estos tienen de que no se está logrando frenar el intrusismo.
El problema, en opinión de Biel Moragues, es que aunque se están poniendo sanciones por parte de la Conselleria, estas son insuficientes en muchos casos para frenar la actividad de los microbuses que operan al margen de la legalidad, y no se llega a producir la inmovilización de ninguno de ellos.
Además, felicita a los responsables del aeropuerto de Palma al considerar que ellos sí han cumplido todas sus promesas, pero les pide un último paso: impedir que los microbuses puedan estar tanto tiempo estacionados mientras captan a sus clientes.
Los expedientes sancionadores se multiplican por trece en un año
El director general de Transportes, Jaume Mateu, defiende la actuación que la Conselleria está manteniendo para combatir el intrusismo en el transporte en el ámbito del aeropuerto, y señala que durante el próximo mes está previsto convocar una reunión de la comisión creada para combatir este fenómeno en el que están representadas las asociaciones empresariales de este sector, con el fin de analizar el modelo de los controles que se van a desarrollar durante la presente temporada turística.
Mateu avanza que los controles ya han comenzado a aplicarse y que su intensidad será similar a la del pasado año, lo que supone que se desplazarán a Son Sant Joan algunos inspectores de paisano y que está vigilancia se desarrollará también durante los fines de semana.
Un aspecto que se destaca desde la Conselleria es que el diseño de las inspecciones que se aplicó durante 2018 sirvió para detectar 656 infracciones, cuando en 2017 solo se habían detectado 48.
El valor de las sanciones derivadas de estos expedientes en 2018 ascendió a algo más de 300.000 euros, cuando las del ejercicio anterior se situaron por debajo de los 80.000.
