Los dos inspectores de la Policía Judicial que investigan una presunta revelación de secretos y otros delitos en una pieza separada del caso Cursach revisan, como si fueran una instancia superior, tres autos de ingreso en prisión dictados por el juez Manuel Penalva a instancias del fiscal Miguel Ángel Subirán en la causa por presunta corrupción en el Institut Municipal de Esport (IME) de Palma y llegan a la conclusión de que fueron constitutivos de tres delitos de detención ilegal, según consta en un informe remitido al juez Miguel Florit.
Este magistrado ha pedido a las partes personadas en la pieza separada que se manifiesten sobre la oportunidad de elevar dicha causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJB) para imputar a Penalva y Subirán por un rosario de delitos, entre ellos prevaricación, detenciones ilegales, amenazas, coacciones y manipulación de testigos.
Miguel Florit ha dado este paso tras recibir dos nuevos atestados de los dos inspectores de la Policía Judicial que investigan la pieza separada. Según estos policías, Penalva, Subirán y antiguos miembros del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que investigó al empresario de la noche y que ha sido desmantelada, constituyeron un grupo criminal organizado que habría cometido numerosos delitos en torno al caso Cursach y sus derivaciones.
Habrá más informes
La Policía Judicial anuncia que seguirá enviando al juzgado de instrucción nuevos informes, que, según ella, probarían que los anteriores investigadores del caso Cursach en realidad no pretendían desmantelar una trama de corrupción, sino que habrían actuado movidos por fobias personales y venganzas.
Los nuevos informes están numerados del uno al dos y se basan en las conversaciones que Penalva, Subirán y funcionarios de Blanqueo de Capitales mantuvieron a través de WhatsApp durante la larga instrucción. Estos mensajes fueron recuperados del teléfono móvil de uno de los exfuncionarios de Blanqueo, que fue detenido el pasado diciembre junto a un compañero y acusados de revelación de secretos.
En el informe I se acusa a los investigadores de tres presuntos delitos de detención ilegal por los autos de ingreso en prisión de tres detenidos en el llamado caso IME, una supuesta trama de corrupción entre la concesionaria del mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de Palma y exresponsables del Institut Municipal de Esport (IME), la entidad que se ocupa de ese servicio público.
La Policía Judicial sostiene que los investigados "habrían decretado la prisión preventiva de tres individuos por motivos distintos a los que la Ley contempla para tan restrictiva medida cautelar" y "habrían buscado y creado motivos que justificaran esa decisión de forma intencionada".
La Madame
La Policía, como si fuera una instancia superior al juez Penalva, la instrucción del caso IME y llega a la conclusión de que los autos de prisión fueron delictivos.
El informe 2 acusa a Penalva, Subirán y agentes de Blanqueo de manipular a la testigo protegida 31, más conocida como La Madame, para incriminar en unas supuestas amenazas al inspector jefe , que estaban claramente enemistados con la unidad que investigaba a Cursach.
De hecho, La Madame fue detenida a finales del 2017 cuando se descubrió que había mentido a los investigadores del caso Cursach al incriminar falsamente a los dos policías. Su testimonio anterior quedó seriamente debilitado tras ese arresto y tras sus manifestaciones de que Penalva y Subirán le habían teledirigido en las pesquisas.
Penalva fue apartado de la instrucción tras desvelar la testigo protegida otros mensajes que el juez le había remitido por WhatsApp, comunicaciones que, según la Audiencia, cuestionaron su apariencia de imparcialidad.
Los dos inspectores de la Policía Judicial que ahora acusan a Penalva y Subirán fueron los encargados de desenmascar a la testigo protegida en sus supuestas mentiras. En aquel atestado apuntaron a que el juez y el fiscal del caso Cursach podían haber sido engañados por la testigo 31 (a la que tildan de mentirosa), pero ahora les acusan sin tapujos de aprovecharse de ésta para sus particulares "venganzas" hacia Suárez o sus intereses espurios.
Penalva y Subirán son personas aforadas y únicamente pueden ser investigados (imputados) por el Tribunal Superior de Justicia. A principios de mes, Florit envió al TSJB un primer informe policial donde se acusaba al juez y al fiscal de un rosario de delitos, pero no lo acompañó de una exposición razonada formal. Muy probablemente las acusaciones en nombre de Cursach y su lugarteniente Sbert y de la Asociación Java pedirán la imputación de ambos.
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