Poco más de un mes después de aprobar el Régimen Especial para Balears (REB) con el objetivo de garantizar la inversión del Estado en las islas y compensar los costes de la insularidad, el Gobierno de Pedro Sánchez escamotea una inversión prevista de 120 millones de euros para dos nuevas depuradoras en Palma y Can Picafort. En contra de un protocolo firmado en 2009, Madrid obliga ahora al Govern a asumir el pago de estas dos infraestructuras, a financiar durante los próximos 25 años.
Pese a la existencia de un protocolo firmado en 2009 que comprometía esa inversión en saneamiento y depuración, la sociedad estatal de gestión del agua dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ACUAES ha comunicado este mes de abril a la Conselleria de Medio Ambiente su negativa a hacer frente al coste de las dos depuradoras, declaradas de interés general por el Gobierno desde los 90. Concretamente, se trata de la estación de depuración Palma II, con un coste de 100 millones de euros, y de la estación de Can Picafort, por 17,5 millones.
La postura de Madrid ha generado sorpresa y malestar en el Govern, ya que los 120 millones que ahora el Gobierno quiere que financie durante los próximos 25 años, supone hipotecar una parte del canon de saneamiento, que recauda unos 85 millones al año.
El protocolo fue firmado en marzo de 2009 entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el segundo Govern de Pacto presidido por Francesc Antich. Además de las dos citadas depuradoras de Palma y Can Picafort, el acuerdo entre los dos ejecutivos incluía la de Addaia en Menorca y las de Eivissa y Santa Eulària del Riu, que ya se han ejecutado o se están ejecutando y que, en su caso, salvo los costes de expropiación, han sido financiadas íntegramente por el Gobierno central.
Malestar en el Govern
Según explican fuentes de Medio Ambiente, durante las reuniones de seguimiento del protocolo mantenidas con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, en ningún momento se cuestionó que el pago de las pendientes, la de Palma y la de Can Picafort, fueran a ser costeadas por Madrid.
Este mes, después de una reunión entre la gerente de ACUAES y el Ayuntamiento de Palma, la directora general de Recursos Hídricos, Joana Maria Garau, solicitó reunirse con ella. Fue entonces cuando ésta le trasladó la negativa del Ministerio de Transición Ecológica a costear las obras de las depuradoras y la necesidad de firmar un convenio para que el Govern asuma la operación financiándola los próximos 25 años bajo la amenaza de que si Balears no acepta podrá enfrentarse a una sanción por incumplimiento de la directiva europea del agua.
