Hace falta valor para llevar a tu hijo durante años a un colegio no autorizado y que su vida escolar valga un pimiento porque el plan de estudios no es el oficial. Balears es la tierra de los emprendedores, donde cualquiera, con un poco de iniciativa y un mucho de desvergüenza, abre un centro escolar "moderno" en suelo rústico y sin ningún tipo de permiso administrativo.
Los niños que acuden a estos centros pueden vivir experiencias formativas innovadoras y gratificantes, pero existen serias dudas de que acaben con la educación Primaria aprobada.
Cierto es que en este resbaladizo mundo pueden existir padres y docentes que apuesten por un modelo educativo distinto al "oficial" y quieran que sus proyectos se autoricen y sean legales. Pero también es verdad que muchos de los aspirantes, en Balears cuatro, nunca conseguirán las licencias para impartir la enseñanza, con lo que sus centros no pasan de ser una simple estafa.
La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que prefieran para sus hijos. La otra cara de la moneda es que los poderes públicos deben regular y organizar los planes de estudios y currículos y que las familias tienen el deber de escolarizar a los menores a su cargo.
También existe la libertad de creación de centros escolares, pero con la coletilla de su sometimiento a la Constitución, o sea a la legalidad.
Fiscalía y Govern parece que no saben solucionar el problema de los centros piratas. Cuesta creer que la conselleria de Educación no tenga potestad para prohibir esas actividades no regladas y recurra al ministerio fiscal, que tendrá que analizar si denuncia a los promotores de los colegios alegales.
