El Consell de Mallorca, junto al Ayuntamiento de Deià, tendrá que abonar una indemnización de casi medio millón de euros a los propietarios de una vivienda, construida con licencia municipal, que fue demolida en la zona de Llucalcari. De nuevo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears se pronuncia a favor de los propietarios de una de estas cuatro viviendas levantadas en este espacio natural de Deià, que fueron construidas gracias a la licencia municipal, que además contaba con la aprobación de la antigua comisión de Patrimonio Histórico Artístico del Govern, que en esa época asumía las competencias sobre urbanismo, que años más tarde fueron transferidas al Consell
Esta licencia fue aprobada en el año 1986, pero una denuncia formulada a principios de los años 90 por la asociación ecologista GOB demostró que la autorización municipal, amparada también por otras administraciones, había sido irregular y, por tanto, las cuatro viviendas fueron construidas ilegalmente. Las cuatro casas fueron demolidas hace unos años y los trabajos corrieron a cargo del propio ayuntamiento de Deià, que asumió el coste de las obras de derribo. A partir de ese momento los propietarios acudieron a los tribunales para exigir una indemnización, basándose en que todas las casas disponían de licencia de construcción. En los cuatro pleitos se les ha dado la razón a los propietarios, condenando a la administración a indemnizarles en diferentes cantidades.
La última sentencia que ha dictado ahora la Sala de lo Contencioso del TSJB es un nuevo capítulo de uno de los pleitos judiciales más largos que se han tramitado en los juzgados de Palma De hecho, se trata de un conflicto que se inició a principios de los años 90 cuando el GOB presentó una demanda, en la que denunciaba que se había autorizado la construcción de estas viviendas en un espacio natural donde no se podía construir. En el año 1992, cuando las casas ya estaban terminadas y ocupadas, la misma Sala dio la razón a la formación ecologista. A pesar de que los propietarios habían levantado las casas con autorización municipal y del Govern, la licencia era nula y, por tanto, la construcción debía derribarse, dejando el espacio con el mismo aspecto como el que tenía antes de estas obras. Siete años más tarde el Supremo confirmó la sentencia. Sin embargo, se tuvo que esperar más de doce años para que el Ayuntamiento, tras recibir numerosos requerimientos de los jueces, cumplieran la sentencia y procedieran al derribo de estas viviendas.
Paisaje pintoresco
De los 483.548 euros que recibirán los propietarios, esta indemnización se reparte entre el Consell y el Ayuntamiento de Deià. El consistorio tendrá que pagar 120.000 euros. El resto del dinero lo tendrá que asumir la institución insular.
Estas cuatro viviendas se construyeron en una zona que en el año 1972 se había declarado como paisaje pintoresco. Por tanto, era un terreno que debía ser especialmente protegido. La construcción de las cuatro casas, lógicamente, produjo un fuerte impacto ambiental, una situación que iba en contra de la declaración de paisaje pintoresco.
En esta última sentencia se destaca que estas cuatro construcciones no solo contaron con licencia municipal, sino con otras dos autorizaciones autonómicas. Los tribunales se limitaron únicamente a anular la licencia del Ayuntamiento, pero fue suficiente para justificar el derrumbe de las cuatro casas.
Los propietarios decidieron acudir a los tribunales para reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración, solicitando ser indemnizados por los daños que sufrieron al perder estas viviendas. Este último pleito, al igual que los otros tres presentados por los otros propietarios, ha sido largo, dado que los tribunales han tardado siete años en resolverlo. Todas estas demandas han tenido un mismo resultado: en todas se ha condenado a la administración.
