Los tribunales han desmontado el tercer intento de la diputada autonómica Xelo Huertas de volver a formar parte del partido Podemos, después de ser expulsada de la formación por una decisión adoptada por los dirigentes políticos. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión interna alcanzada por los responsables de la formación morada, que decidieron expulsar a Huertas por no respetar el código interno que debían cumplir todos los representantes que ejercían cargos públicos.

Podemos adoptó esta drástica decisión cuando Xelo Huertas ocupaba la presidencia del Parlament. Abandonó el cargo público, pero nunca renunció al acta de diputada autonómica. Pasó a formar parte, junto a su compañera Montse Seijas, también expulsada por las mismas razones, del Grupo Mixto.

La decisión del Supremo representa la tercera sentencia que ratifica que la decisión adoptada por Podemos fue legal. Las tres sentencias, dictadas por el juzgado de primera instancia, por la Audiencia de Palma y ahora por el Tribunal Supremo adoptan la misma decisión. Los jueces llegan a la conclusión de que el partido Podemos disponía de razones suficientes para adoptar esta drástica decisión, al ejercer su libertad de organización como partido político.

Huertas intentó que los jueces le reconocieran que Podemos había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, a la igualdad y a la participación política. El partido la acusó de haber defendido los intereses particulares de un compañero y haber amenazado con no dar apoyo a los presupuestos de la comunidad si no se subvencionaba con dinero público el laboratorio que dirigía este militante de Podemos.

La sentencia del Supremo señala que la organización disciplinaria del partido morado actuó de una forma razonable ante el intento de desobediencia que anunció Huertas. "Era un intento de influir en la decisión del partido para beneficiar los intereses particulares de Daniel Bachiller", aprovechando su condición de diputada autonómica. Los jueces del Supremo interpretan que la actitud de Xelo Huertas representó "un descrédito para la imagen pública" del partido, dado que la diputada autonómica defendía más la actividad privada de otro militante, que los intereses públicos.