"Abrí el buzón de mi casa. Miré y pensé: 'no puede ser'. Pero ponía mi nombre: Andreu Mateu Pellicer. Era la tarjeta para votar". La modificación de la ley electoral aprobada por el Gobierno el pasado diciembre ha abierto la puerta de los colegios electorales a un millar de personas con discapacidad intelectual de Balears -unos cien mil en todo el Estado-, que podrán votar por primera vez en las elecciones generales del próximo día 28.
Habitualmente cuando una familia solicita una incapacitación judicial para una persona lo hace para proteger su patrimonio, evitando que pueda hacer un uso inapropiado de su dinero o blindándole contra estafadores. Pero hasta ahora ese trámite implicaba en muchas ocasiones la pérdida de sus derechos políticos, lo que en la práctica se traducía en la imposibilidad de ejercer su derecho al sufragio.
En Balears se contabilizan unas 6.200 personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual reconocida, de las que unas 1.100 están incapacitadas judicialmente. El Govern calcula que la gran mayoría de estos usuarios podrán hacer uso de su derecho a voto el 28A.
"Yo me preguntaba por qué no podía votar. Era una injusticia, soy un ciudadano y tengo mis derechos", cuenta Andreu Mateu, usuario del centro ocupacional Mater Misericordiae. "Me interesa mucho la política, siempre veo los debates de La Sexta Noche. No soy de esos que dicen que pasan. La política no es para discutir, sino para arreglar los problemas que tenemos las personas con discapacidad", sentencia este mallorquín que, a sus 34 años, lamenta haberse perdido ya unos cuantos comicios.
"Siempre ha tenido la necesidad de decidir, de votar. Suele decir que esto o aquello tiene que mejorar, siempre ha sido muy reivindicativo, sobre todo con lo que le afecta", relata Aina Maria Pellicer, madre de Mateu. "Pero no es solo darles derecho a voto. Hace falta más inclusión, menos etiquetas y que no les miren como ciudadanos de segunda. Eso nadie sabe lo que es hasta que lo vives de primera mano", subraya.
La nueva ley corrige un agravio y satisface a las entidades del sector, pero también oponen algunos reparos. "Os pedimos que nos hagáis llegar el programa electoral adaptado en Lectura Fácil, de esta manera podremos informarnos mejor y decidir a quien queremos votar", han solicitado en una carta a los partidos políticos los usuarios de Mater Misericordiae.
Lo corrobora Mateu: "El programa debería ser más simple. Hay palabras que no se entienden; me suenan, pero me pierdo en algunos detalles".
Una de las trabajadoras sociales del centro, Magdalena Rosselló, especifica cómo hacer esos textos -que la mayoría de los ciudadanos esquivan- más accesibles. "Se trata de que puedan acceder a la información como cualquier otra persona. Por ejemplo usando un lenguaje genérico, que use palabras habituales y si incluye alguna específica que esté explicada. Las frases tienen que ser cortas, claras y sencillas. Y la letra tiene que ser fácil de leer, no vale cualquier tipo. Ir a las ideas importantes, sin entrar en demasiados detalles", argumenta esta especialista.
La nueva ley va asociada a una polémica iniciativa: facultar a los presidentes de las mesas electorales para que hagan constar por escrito si alguien vota condicionado. "Puede venir una persona que se considere que no sabe bien qué está votando y el presidente de la mesa podrá marcarlo. Pero tienen que recoger el voto, en ningún caso pueden vetarlo. Y no afecta solo a personas con discapacidad, si no a cualquiera", explica Vicky Fullana, trabajadora social de Amadip Esment.
Varios usuarios de esta entidad van a poder votar por primera vez el 28A. Y para otros será la segunda vez -no todas las personas con discapacidad intelectuales están incapacitadas judicialmente para votar-. Es el caso de Stephen Gómez, que volverá a citarse con las urnas. "Tenemos derecho a votar y elegir al presidente que queramos. No pueden dejarnos de lado, somos ciudadanos", afirma este joven. Sigue la actualidad política y ha echado un vistazo a los programas electorales de los partidos -"aunque no detalladamente"- y tiene una lista de reivindicaciones para el próximo Gobierno. "Que no haya discriminación, que respeten otras culturas, que haya menos crisis y que utilicen el dinero para cosas importantes. El fútbol lo ve mucha gente, pero todo ese dinero que mueve se podría invertir en hospitales y carreteras", reclama Gómez.
"Quiero lo que quiere todo el mundo", abunda. "Un Gobierno justo que garantice derechos iguales para todos y que se cumplan las leyes".
Todos tienen una pobre imagen de la clase política, pero llaman a votar. También Loli Sánchez, que tendrá que presentarse en su colegio electoral porque ha sido designada suplente en una mesa. "No estoy demasiado nerviosa, pero me da pereza si tengo que estar doce horas sentada viendo cómo se meten papelitos en una urna. Y encima las sillas son muy incómodas", apunta Sánchez, que confiesa tener una relación distante con la política y los políticos.
"Se insultan en público, delante de un montón de gente. Dicen que harán una cosa, pero dejan pasar un montón de años. Mi abuela, por ejemplo, vive en Corea. Hace como cuarenta años que le prometieron que demolerían su casa para hacer una nueva y lo han empezado a hacer ahora. No tienen palabra", sentencia.
¿Más manipulables?
Sánchez reclama más oportunidades al Gobierno que salga de las urnas el día 28: "Queremos que nos permitan trabajar en todo tipo de empresas. Y poder llegar a tener un cargo más importante para ir a más".
Y una queja muy repetida. "No leo los programas electorales porque hay palabras que cuesta entender. Tendrían que ser más fáciles de leer y cortos", reclama esta usuaria de Amadip.
Los críticos con la nueva ley argumentan que las personas con discapacidad intelectual son fácilmente manipulables a la hora de elegir a quién votar. Rechaza el argumento Nuria Jiménez, trabajadora social de Amadip Esment. "Como cualquier ciudadano, hay personas con discapacidad a las que les interesa la política y a otras a las que no. Y hay personas que se dejan influir por lo que digan sus amigos o familiares, exactamente como en el resto de la sociedad. Pocos ciudadanos se leen los programas electorales y vota a uno u otro candidato porque en su familia siempre ha sido así", defiende esta especialista.
A su lado asiente Joan Miquel Bosch. "Cada año iba a votar con mi madre y a mí no me dejaban porque no estaba en la lista, me enfadaba mucho. Pero ya he recibido el papel. Me ha hecho mucha ilusión, para mí es muy importante", destaca. "Suelo mirar las noticias, pero los políticos hablan raro y siempre están discutiendo", critica Bosch, que a sus 23 años tendrá la opción de depositar la papeleta en la urna después de ser rechazado en los comicios de 2015 y 2016, cuando ya había cumplido la mayoría de edad.
Todos los especialistas consultados coinciden en apuntar que las reivindicaciones de las personas con discapacidad intelectual no se terminan en el voto. "Falta lo más importante: vivienda digna, inclusión real y participación en cualquier ámbito de la política, entre otras cosas. El derecho al voto es algo muy llamativo, pero hay que ir a la base", señala Jiménez.
Tolo Márquez, director de Asnimo, considera que la ley es un buen primer paso. Varios usuarios de su entidad le han pedido información sobre los comicios y cree que algunos irán votar con su familia, aunque considera que todavía queda por avanzar: "Si queremos que se les trate como al resto de personas han de tener sus derechos básicos garantizados, como votar; si queremos igualdad no puede ser que no puedan votar".
Asimismo, Márquez defiende la necesidad de trabajar por la inclusión y seguir avanzando en la igualdad de oportunidades en varios ámbitos. "Es importante que vean que pueden disfrutar de sus derechos aunque según su grado de discapacidad lo disfrutarán más o meno", sostiene.
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