Las cadenas hoteleras Iberostar y IberostarMeliá han contratado los servicios jurídicos de varios despachos de abogados para preparar su defensa ante la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer el embargo cubano a través de la ley Helms-Burton.

Las reacciones ante el anuncio de Trump no tardaron en llegar. Las dos compañías mallorquinas, según recoge El País, se blindan frente a las nuevas exigencias de EE UU a Cuba. Asimismo, el Parlamento cubano también mostró ayer su "absoluto rechazo" a la "política hostil" de Estados Unidos y su "total condena" a la ley Helms-Burton.

Cuba reiteró así su rechazo a la "ilícita" ley Helms-Burton y la posible reactivación total de su título III, aún suspendido con excepciones por la administración de Trump, que al contrario de sus antecesores decidió resucitar la polémica medida, firmada en 1996.

Este anexo de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante tribunales de EE UU a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas hace 60 años, antes de la Revolución de 1959.

Desde su aprobación, la disposición ha sido suspendida por todos los Gobiernos estadounidenses cada seis meses, pero la novedad es que el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y más recientemente por solo dos semanas.

La Asamblea cubana insistió ayer en que la ley Helms-Burton es "inaplicable" y no tiene "efecto jurídico" en la isla, según la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas aprobada en 1996 como respuesta a la legislación estadounidense.

Cuando la Ley Helms-Burton se aprobó hace 23 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE UU; y, por ello, la Unión Europea denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio. El litigio concluyó entonces con el compromiso de Estados Unidos de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.

El EE UU cumplió su parte del trato hasta marzo pasado, cuando anunció que impediría la entrada en vigor de la provisión hasta al menos el 1 de mayo, pero que permitiría las demandas de cubanoamericanos contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una "lista negra" del Departamento de Estado.

Esa "lista negra" incluye entidades relacionadas con la inteligencia cubana, efectivos de seguridad y las Fuerzas Armadas, que controlan la gran mayoría de los hoteles de la isla, gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como las compañías mallorquinas Meliá, Barceló e Iberostar.

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, en su visita a Washington a inicios de este mes, transmitió a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, el rechazo del Gobierno de España a la activación del Título III.