De las promesas del día, me quedo con la de Marga Prohens: "los españoles sabrán en qué se invierte cada euro que pagan con sus impuestos". Una declaración de principios que coincide en el tiempo con la exculpación del expresident Jaume Matas del caso 'Turisme Jove' y que brinda a los populares una oportunidad excepcional para poner luz en la gran incógnita que no ha llegado a aclarar el tribunal. ¿Quién dio la orden de pagar 108.000 euros públicos a un empresario y regidor de Calvià para compensar un contrato que había perdido con la Administración? La Fiscalía apuntaba a Matas por el testimonio de un condenado, pero la Audiencia ve que hay otras alternativas con "igual o semejante grado de probabilidad", como la de que haya sido Rosa Estaràs, ya que fue en su cartera de Vicepresidencia donde se tramitó el torticero asunto. Pero nunca fue imputada ni citada a declarar y, ante la carencia de certezas judiciales, caso archivado. Otro 'dejà vu' para la candidata popular a Europa y una nueva decepción para la ciudadanía balear, que por algo nos sitúa el CIS entre los territorios donde más inquietud genera la corrupción.
Esa inquietud ha llevado a la coalición que lucha por no quedar en las afueras del Congreso, Veus Progressistes, a colocar tres vallas publicitarias en el extrarradio palmesano para llamar la atención sobre una auténtica sangría: los 160.000 millones de euros el fraude y la corrupción burlan a los ciudadanos y merman la calidad de esos servicios públicos que con honradez política sí nos podríamos permitir. Los ecosoberanistas, con Guillem Balboa al frente, han puesto el dedo en la llaga de lo que debería centrar el debate si queremos salvar el estado del bienestar. Una buena puesta en escena a la que tal vez le ha faltado el compromiso de nunca más contratos públicos con jefes de campaña.
