La Policía Nacional se ha gastado durante un año decenas de miles de euros del contribuyente para prohibir que los medios publiquen informaciones contrarias a Bartolomé Cursach, al tiempo que protege a quienes alaben al magnate ya condenado.protege a quienes alaben al magnate ya condenado En este afán no se ha limitado a espiar a este diario y a dos agencias de información, además de secuestrar móviles de periodistas con el apoyo sin fisuras del fiscal Juan Carrau y del juez Miguel Florit.
Para proteger a Cursach de "juicios paralelos", la Policía también ha investigado por su cuenta móviles de periodistas que no figuraban en la relación autorizada por el juez Florit. Agentes con identidad y propósitos simulados interrogaron a informadores de este diario, sin avisarles de que sus declaraciones sustanciarían las diligencias presentadas ante el Tribunal Superior y rechazadas por esta instancia.
En la página 122 del atestado policial se lee que "realizadas gestiones sobre el teléfono 619------ resulta que se trata de un teléfono de empresa de Editora Balear S.A., denominación empresarial de Diario de Mallorca. El mismo era utilizado según las averiguaciones practicadas por el fotógrafo de hasta el verano de 2018. Actualmente lo tiene asignado otro periodista del Diario".
Si el teléfono está suscrito por una empresa sin individualización de su usuario, cómo identificó la Policía al fotógrafo y al "otro periodista". Se sabe que los interrogó sin revelar la identidad ni el motivo de la gestión. En una investigación pulquérrima, que pretende demostrar la insolvencia criminal del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, sorprende la dejadez recogida en el misterioso "averiguaciones practicadas".
El pasado verano, el redactor jefe Mateu Ferrer recibía una llamada en su móvil:
-Hola, ¿eres Guillem Bosch?
-No.
-¿Este no es el teléfono de Bosch? Es que te llamo del gabinete de prensa de la Policía, porque estamos actualizando nuestra base de datos. ¿Puedes darme su teléfono?
El periodista accedió dentro del tráfico habitual con las instituciones y sin que en ningún momento se le advirtiera de que los datos que proporcionaba sin estar investigado podían implicar a su compañero Kiko Mestre, además de imputar a miembros del Grupo de Blanqueo en una revelación de secretos con visos penales. El comunicante policial, que según Ferrer no se identificó, siguió indagando sobre el cargo de su interlocutor y las funciones que desempeñaba, en lo que luego sería "actualmente lo tiene asignado otro periodista".
Si todo era normal, ¿por qué no identificarse adecuadamente entonces o ahora, en vez de refugiarse en las vaporosas "averiguaciones practicadas"? Sin duda que la versión del periodista podrá ser confirmada o matizada por la Policía, dado que su voluminosa exculpación de Cursach fecha en ese mismo folio las llamadas telefónicas al minuto y al segundo, especificando asimismo su duración en segundos. Las oportunas grabaciones establecerán la identidad y motivos que alegaron ante "otro periodista del Diario".
Sin embargo, el motivo supuesto de la llamada policial pudo ser desmontado ayer mismo. El jefe de prensa de la Policía Nacional en Balears declaró a este diario que "no me consta que haya una base de datos de periodistas", por lo que difícilmente podía renovarse. Y sobre todo, ninguno entre la media docena de redactores de este diario que mantienen un contacto fluido y habitual con la Jefatura Superior fue sometido a un cuestionario intensivo "para renovar la base de datos".
Ferrer no fue el único periodista a quien se sonsacó información sin advertirle sobre el destino de la misma. El fotógrafo Guillem Bosch también recibió la llamada por las mismas fechas. Le sorprendió que la Policía conociera su flamante móvil, probablemente porque le llamaba a continuación de su redactor jefe. Un policía del gabinete de prensa que dio su nombre se dedicó a preguntarle por el número 619------ que hoy figura en el informe exculpatorio de Cursach y que ya no le correspondía. La excusa fue similar, "estamos actualizando el listado de teléfonos". De nuevo, en ningún caso se le señaló que su nombre figuraría con insistencia en una investigación criminal que se confeccionaba por las mismas fechas.
De hecho, la Policía aplica en su informe pro Cursach el principio básico del periodismo que denuncia, "no dejes que la verdad te estropee un buen titular". Y una vez acreditado que el teléfono no era de Bosch, sigue cargando sus sospechas contra el fotógrafo porque captó la imagen de la información en cuestión.
