La izquierda por desidia y la derecha por rancia llevan años hurtándonos un derecho esencial: la garantía de tener una muerte digna si la vida ya no lo es. Suya es la responsabilidad de que en España haya personas que tengan que morirse mal y, si quieren trascender, con una cámara grabándolo todo. El caso de Ángel Hernández y María José Carrasco ha impactado a una audiencia millonaria, gracias sobre todo a un espléndido y atrevido reportaje emitido por El Intermedio. Sin embargo, no va a ser el último caso. A día de hoy existen más personas en la misma encrucijada porque el Estado les niega una muerte digna.
Morir dignamente es precisamente lo opuesto a tener que comprar un cóctel de fármacos por Internet y rezar para que llegado el momento sean efectivos. El próximo Gobierno puede evitar mucho sufrimiento regulando la eutanasia. Es justo, tiene un apoyo social mayoritario y, además, todos somos potenciales beneficiarios.
Es imprescindible una ley que llegue a donde no llegan los cuidados paliativos, a ese punto en el que el dolor y la propia existencia se hacen insoportables. Los paliativos cumplen una función fundamental y son compatibles con la eutanasia, pero no pueden ser una alternativa a ella.
El debate deben protagonizarlo médicos, psicólogos y especialistas, y son ellos los que tendrán que fijar los límites y las excepciones. No los políticos, y mucho menos quienes sirven a los intereses de la Conferencia Episcopal. "Yo pido la eutanasia para mí, el que quiera sufrir que sufra", sintetizó el lunes Ramona Maneiro, la cuidadora de Ramón Sampedro.
Han pasado 21 años de aquel caso que también conmocionó a la opinión pública. Legislen y eviten más suicidios televisados.
