El segundo de Barolomé Cursach, Bartolomé Sbert, ha tardado horas en aprovechar las dudas sobre el juez y fiscal que les llevó a la cárcel para pedir la nulidad de la causa. Ambos registraron ayer una petición ante la Audiencia reclamando el fin del principal procedimiento que hay ahora en marcha en su contra, en el que se les acusa de crear un grupo criminal que controlaba a políticos, policías y funcionarios en la playa de Palma.
Sbert basa su petición en el informe de la Policía Judicial, elaborado a partir de la información obtenida de los teléfonos móviles de los miembros del Grupo de Blanqueo detenidos. Los whatsapps, a los que ha tenido acceso Diario de Mallorca, muestran los comentarios privados en tono chabacano que se hacían los investigadores, entre ellos juez y fiscal, sobre el desarrollo de las investigaciones y sobre las declaraciones de los testigos.
Retirada de armas y móviles
El informe policial solicita al Tribunal Superior, competente en la investigación de Penalva y Subirán, medidas cautelares contra ellos, como la retirada de las armas de fuego que portan precisamente por su seguridad para instruir la causa de Cursach, de sus teléfonos móviles particulares, o que se les prohíba acercarse a los testigos del caso.
El TSJB no ha tomado ninguna decisión sobre esta petición, pendiente de que el actual instructor, Miguel Florit, motive su inhibición.
El informe de la Policía Judicial reprocha al anterior instructor y al fiscal del caso Cursach que buscaran con sus actuaciones el lograr condenas de la presunta trama de corrupción. El atestado atribuye al magistrado y al fiscal, cuya imputación por diez delitos reclama la Policía Judicial, un imaginario "juicio paralelo" y la creación de "un estado de opinión aplastante sobre los investigados todo ello con el fin de lograr condenas".
Dos inspectores de la Policía Judicial son los autores de la ampliación de un primer atestado, que desembocó en la detención e imputación de dos antiguos miembros del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Cursach, por un presunto delito de revelación de secretos.
Los teléfonos móviles de los dos agentes fueron confiscados el día de su detención y del examen de uno de ellos han aparecido varios foros telefónicos (whatsapps), donde, durante la instrucción del caso Cursach, se comunicaban agentes del Grupo de Blanqueo, el juez Penalva y el fiscal Subirán.
Del análisis de esas conversaciones, los dos inspectores llegan a la conclusión de que los agentes de Blanqueo, el instructor y el fiscal constituyeron un grupo criminal, en vez de dedicarse a buscar pruebas contra Cursach y las otras decenas de investigados en la causa.
Según esa sorprendente tesis, Penalva y Subirán tenían el siguiente móvil: "realizar un juicio paralelo, minar a los que consideran sus enemigos y crear un estado de opinión aplastante sobre los investigados o personas a las que consideran sus enemigos, todo ello con el fin de lograr condenas".
Este supuesto móvil es escrito con negrita en el informe policial, que el juez Miguel Florit trasladó el jueves al TSJB y que este rechazó, en espera de que el primero eleve una exposición razonada sobre los indicios delictivos que pesarían contra Penalva y Subirán.
La Policía Judicial basa también su relato incriminatorio contra los exmiembros de Blanqueo de Capitales y el juez y el fiscal del caso Cursach en un supuesto uso de los medios de comunicación para conseguir condenas. Los policías detallan las supuestas filtraciones de noticias a Diario de Mallorca, apuntando como fecha y hora de la filtración las 2:45 horas de la madrugada, insólita para que un periodista esté trabajando.
El informe acusa a los periodistas que han cubierto el caso Cursach de haberse dejado engañar y manipular por ese fantasioso "grupo criminal" dirigido por Penalva y Subirán.
Entre otras circunstancias que el atestado criminaliza destaca los contactos de periodistas con testigos protegidos. El informe añade que estos testigos protegidos habrían dado a los periodistas datos que resultaban beneficiosos para el incomprensible fin criminal de los investigadores del caso Cursach.
El juez Miguel Florit ha declarado materia reservada el contenido del informe policial y los mensajes porque revelan detalles de la instrucción del caso Cursach que son delicados.
Juan Carrau podría negarse a declarar el próximo lunes
El fiscal anticorrupción Juan Carrau está citado a declarar, en calidad de testigo, el próximo lunes ante la magistrada del TSJB Felisa Vidal, que instruye la querella contra el juez Miguel Florit por la requisa de los móviles de dos periodistas. Carrau podría negarse a declarar, dado que su exculpación de la querella no es firme, al haber recurrido Diario de Mallorca y Europa Press el auto del TSJB donde se apartó de la causa al fiscal.
Ese día actuará como representante del ministerio público el fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló. Antes que Carrau está citado, como investigado, Miquel Florit, que estará asistido por Josep Zaforteza.
Por otro lado, dos fiscales de fuera de Balears se harán cargo de la posible causa contra Penalva y Subirán.
