El grupo especial creado por la Policía Nacional el año pasado para investigar las presuntas filtraciones a la prensa del caso Cursach entregó ayer un informe en el juzgado en el que apunta a posibles delitos cometidos por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán durante la instrucción. Entre estos presuntos ilícitos estaría la revelación de secretos o la omisión del deber de perseguir delitos. De esta forma culminan unas exhaustivas pesquisas que se han saldado con la detención de cuatro agentes de Policíadetención de cuatro agentes de Policía que investigaron la supuesta trama de corrupción alrededor de Bartolomé Cursach.
El juez Miguel Florit, que asumió la instrucción del caso Cursach tras la recusación de Penalva por la publicación de una conversación de WhatsApp con una testigo, será ahora el que decida si existen indicios delictivos contra Penalva y Subirán. En caso afirmativo, el caso se trasladaría al Tribunal Superior de Justicia, ya que juez y fiscal están aforados.
De esta forma culmina una investigación iniciada por dos inspectores jefe de la Policía a instancias del fiscal Juan Carrau, a partir de una denuncia de la defensa de Bartolomé Sbert, mano derecha de Cursach, a la que se adhirió el propio magnate de la noche.
El pasado mes de julio, tras la publicación en la prensa de un informe sobre un posible delito fiscal por parte de Cursach, el anterior jefe superior de Policía, Antonio Jarabo, y el jefe provisional de la Policía Judicial, Antonio Suárez, ordenaron a dos inspectores jefe de la Policía que llevaran a cabo una investigación interna para determinar si se habían producido filtraciones en el caso. El Grupo de Blanqueo de la Policía, responsable de la investigación a Cursach, había vinculado a Suárez con la trama y el jefe de la Policía Judicial había solicitado la imputación de estos agentes por falso testimonio, petición que no había prosperado.
Durante seis meses este grupo especial espió las comunicaciones de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y la agencia Europa Press, que, junto a otros medios de comunicación, publicaron el informe sobre el presunto fraude fiscal de Cursach.
Estas gestiones culminan el pasado diciembre con la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas. Poco después eran detenidos dos miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía. En sus móviles y ordenadores se descubrieron una serie de conversaciones que han conducido esta semana al arresto de otros dos policías que estuvieron en el mismo grupo. De esta manera ha quedado desmantelado el equipo que llevó el peso de la investigación a Cursach durante los últimos años.
Los investigados han solicitado que se mantenga un control judicial sobre estas conversaciones intervenidas, ya que contienen material muy sensible, como toda la estrategia de la investigación del caso Cursach, así como nombres y direcciones de los testigos protegidos que han declarado durante la instrucción.
