Los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, víctimas del llamado caso Móviles, explicaron ayer a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) Felisa Vidal que se vieron obligados, el pasado 11 de diciembre, a entregar a la Policía sus teléfonos de trabajo y personales por un auto del juez Miguel Florit y en unas pesquisas sobre presunta revelación de secretos del caso Cursach. Mestre y Pou declararon como testigos en la querella de Diario de Mallorca y Europa Press contra Florit y la segunda desveló que la Policía Judicial accedió brevemente a su terminal cuando ella se lo dio en la redacción de su agencia.
Kiko Mestre, asistido por el abogado de Diario de Mallorca Nicolás González-Cuéllar, explicó que el pasado 11 de diciembre, cuando le fue intervenido su móvil personal y de trabajo por orden del juez Miguel Florit, no tuvo otra opción que acceder al requerimiento. "Es como si vas al médico y te dice: o te operas o te mueres. Y te operas", describió plásticamente el redactor de Diario de Mallorca.
Según Mestre, el auto del juez Florit no le dio opción a negarse a facilitar su dispositivo. "Ni me resistí, ni me aferré al móvil, ni me tiré al suelo y si me hubiera resistido podía haber acabado detenido por resistencia a la Policía o desobediencia al juez".
El periodista manifestó, al final de su declaración y ante la jueza, que la requisa de los móviles y el control judicial y policial de sus llamadas, le han causado "un enorme daño moral y un gravísimo perjuicio profesional y familiar".
Daño a la profesión
El redactor de Diario de Mallorca recalcó que el caso Móviles está ocasionando un serio quebranto al trabajo de los periodistas en general y especialmente al de los que se dedican a la investigación. "Nadie nos va a contar nada si saben que la Policía va a tener acceso después a nuestras fuentes".
Mestre, a preguntas de su defensa, señaló a Vidal que no renuncia a reclamar posibles indemnizaciones por el daño moral sufrido tras esta "lamentable experiencia". El testigo, a preguntas de la instructora, respondió también que la Policía no le dio ninguna alternativa a la requisa de su móvil, como un posible volcado de su contenido.
La periodista de Europa Press Blanca Pou explicó a la jueza Felisa Vidal que la Policía Judicial accedió el pasado 11 de diciembre a su terminal telefónico cuando se lo incautaron por orden del juez Miguel Florit, dentro de unas pesquisas por revelación de secretos en el caso Cursach.
Pou, que junto a Kiko Mestre, interpusieron una querella contra Florit por cuatro delitos: prevaricación judicial, contra el libre ejercicio del derecho a la información y la inviolabilidad de domicilio y por interceptación ilegal de comunicaciones, narró a la jueza cómo transcurrió la mañana del 11 de diciembre.
Según la periodista, la Policía Judicial le enseñó el auto de Florit ordenando la requisa de su teléfono y de otros instrumentos electrónicos de trabajo y le dijo que "era la Ley" y que no "podía oponerse" a la entrega de esos dispositivos. Pou insistió en que ella trató de oponerse a la requisa alegando el secreto profesional que ampara la identidad de sus fuentes informativas, pero todo fue en vano.
De acuerdo con la informadora, los agentes que intervinieron en la requisa tuvieron acceso a su móvil en ese momento, algo que los funcionarios han negado con posterioridad. Pou dijo, tras su declaración, que va a seguir adelante con su querella, aunque los próximos pasos procesales deberá consultarlos con su abogado.
Ni Mestre ni Pou figuraban entonces como investigados en las diligencias de Florit por presunta revelación de secretos del caso Cursach, donde ahora ya están imputados cuatro antiguos miembros de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado al magnate de la noche del mismo nombre.
Acceso a las llamadas
Pou detalló que en el momento de la requisa protestó y manifestó que "la incautación" vulneraba su "secreto profesional".
"Nos mantenemos en esa línea, máxime cuando ahora sabemos que hacía meses que la Policía tenía acceso a mis llamadas y a los posicionamientos de mi móvil", dijo la redactora, para luego añadir que "es una clarísima vulneración del derecho profesional periodístico" y que van a seguir en "esta lucha" para proteger las fuentes.
El lunes declaró, en calidad de investigado, el juez Florit, quien negó que sus autos hubieran lesionado el derecho a la información. También declaró como testigo el fiscal Juan Carrau.
En la causa está personada la Asociación de Medios de Información (AMI) como acusación popular.
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