La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Felisa Vidal, que investiga el llamado caso Móviles, propuso al final de las tres testificales de ayer la elaboración de una prueba pericial que aclare si los teléfonos de los dos periodistas incautados en diciembre por orden del juez Florit fueron examinados o no. La acusación en nombre de Diario de Mallorca no se opondrá a esa pericial, que correría a cargo de un laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.
El último testigo en declarar ayer fue el inspector jefe Juan Márquez, la persona que investiga una presunta revelación de secretos y otros delitos cometidos por exagentes del Grupo de Blanqueo de Capitales y el anterior juez y el fiscal del caso Cursach.
Márquez explicó a Vidal los pormenores de las pesquisas desarrolladas entre agosto y diciembre del año pasado en una pieza separada del caso Cursach, abierta tras las sospechas de que funcionarios públicos habían facilitado a la prensa información reservada de la causa.
Examen jurídico previo
El inspector jefe señaló que la propuesta para controlar las llamadas de Blanca Pou, Kiko Mestre y una tercera periodista de Efe y la petición posterior de la requisa y análisis de los móviles de los dos primeros partieron de él. Márquez fue preguntado si no se planteó que esas medidas entraban de lleno en una vulneración del secreto profesional de los periodistas, que nunca han estado imputados en la causa por revelación de secretos.
El inspector respondió que es licenciado en Derecho y él mismo hizo un análisis legal y jurisprudencial sobre la materia y llegó a la conclusión de que ambas medidas no lesionaban el derecho a la información. No obstante, el testigo añadió que la decisión última respecto al control de las llamadas y la intervención de los teléfonos estuvo en manos del juez Miquel Florit y del fiscal fiscal Juan Carrau. El inspector jefe corroboró ayer su informe redactado a petición del juez Florit y que la fiscalía superior de Balears utiliza como documento de descargo en favor de dicho magistrado y del fiscal Carrau. Según Márquez, la fiscalización de las llamadas de los dos informadores que cubrían el caso Cursach se hizo porque se buscaban a los funcionarios públicos que estaban facilitando información reservada del caso Cursach. En absoluto, remarcó el testigo, se querían desvelar las fuentes informativas de Mestre y Pou. Sin embargo, el flujo de llamadas de dos redactores puede revelar fácilmente quiénes son sus fuentes.
El policía añadió que sospechaban que el origen de las informaciones sobre el caso Cursach podía ser: los miembros de Blanqueo de Capitales, el juez Penalva, el fiscal Subirán, los funcionarios del juzgado de instrucción 12 o los funcionarios de la fiscalía anticorrupción. Ante el dilema de investigar a todas estas personas (más de 20) optaron por controlar las llamadas de los periodistas.
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