Las decenas de acusados de la trama Cursach -en la que además del magnate de la noche y directivos de su grupo hay policías, funcionarios y políticos- están exultantes y no lo ocultan. La investigación realizada por un grupo especial de la Policía Nacional por un presunto delito de revelación de secretos ha derivado en acusaciones por graves delitos -incluido el de pertenecer a una organización criminal- contra juez, fiscal y policías que investigaron el caso. Este informe ha sido rápidamente aprovechado por el abogado de Bartolomé Sbert, mano derecha de Cursach, para pedir la nulidad total de la causa: "El proceso se halla viciado de raíz", dice en su escrito, presentado apenas 48 horas después de que la Policía entregara el informe al juzgado. Y previsiblemente las decenas de acusados seguirán el mismo camino, por lo que el juez va a recibir un aluvión de peticiones de nulidad.

Habrá que ver cómo afecta a los juicios previstos, incluida una de las piezas principales del caso, en la que Cursach, Sbert y otras 21 personas se enfrentan a 140 años de cárcel por sobornos a policías y funcionarios para favorecer las actividades de su grupo empresarial.

Hasta ahora todo el rosario de acusaciones de que ha sido objeto Bartolomé Cursach se ha traducido únicamente en una condena. En junio del año pasado fue sentenciado a ocho meses de prisión por la tenencia ilícita de una carabina y varias cajas de munición en su casa. Esta condena fue recurrida tanto por la fiscalía, que quería una pena mayor, como por la defensa, que insiste en su absolución. El pasado mes de octubre la Audiencia confirmó la condena.

A final del año pasado la Fiscalía Anticorrupción finalizó su escrito contra Cursach y otros 22 acusados de integrar una organización criminal en la que había policías y funcionarios corruptos para beneficiar a sus locales de ocio nocturno y estrangular a los de la competencia. Este escrito sitúa a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, a la cabeza de la trama. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, amenazas y cohecho. Pide para Cursach ocho años de prisión. Entre el resto de acusados hay directivos de su grupo empresarial, el exjefe de la Policía Local de Palma Joan Mut, trece oficiales y agentes de la Policía Local y cuatro funcionarios del Govern, Cort y el ayuntamiento de Calvià. El fiscal pide para ellos un total de 140 años de cárcel. Este juicio, que se celebrará por el tribunal del jurado, todavía no tiene señalada fecha de celebración.

Todos los esfuerzos realizados por la Policía en este año han ido encaminados a averiguar el origen de las supuestas filtraciones del sumario a la prensa. Para ello se creó un grupo especial que la semana pasada entregó su informe al juzgado. Este atestado se basa en las conversaciones de WhatsApp que mantenían el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía para acusarles de los delitos de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, amenazas y coacciones a testigos, denuncias falsas, detenciones ilegales, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

El viernes la defensa de Bartolomé Sbert ya presentó en el juzgado una solicitud de nulidad de toda la causa. Este escrito denuncia que juez y fiscal intercambiaban mensajes durante la declaración de testigos para dirigir sus testimonios, considera que toda la causa es "un artificio basado en la mentira y la maldad" y afirma que todo el proceso "se halla viciado de raíz". También afirma que el juez Penalva siente un "notorio odio" hacia Bartolomé Sbert y su letrado.

Estos mismos argumentos previsiblemente serán utilizados por las defensas de las decenas de acusados en los próximos días para nuevas peticiones de nulidad.

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  • La Policía solo ha tomado en consideración las "filtraciones" que favorecen a Cursach
  • La Policía investigó por su cuenta móviles de periodistas para exculpar a Cursach
  • La Policía consigue que Sbert pida la nulidad de los delitos contra la trama

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