Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán han sido humanos demasiado humanos al enfrentarse a gigantes corruptos. Sin embargo, sus perseguidores de la Jefatura Superior de Policía les igualan en sesgo y les superan en potencia fabuladora con su angelical investigación, una exhibición de músculo con testosterona para sustentar la nimiedad de que el juez y el fiscal querían "lograr condenas". No es de extrañar que el Tribunal Superior devolviera el mamotreto al juez imputado Miguel Florit, con la inusual adenda de que hasta que no sustancie las acusaciones, "debe abstenerse de enviar a la Sala cualquier material instructorio".

El TSJ frustraba así o retrasaba como mínimo la impecable sincronización policial con los presuntos corruptos, el único mérito de la pseudoinvestigación. Bartolomé Cursach y su lugarteniente Batolomé Sbert confiaban en que sus peticiones de nulidad coincidirían con la aceptación por el alto tribunal de la revista de prensa, camuflada de impoluto atestado. Los dos principales encausados prodigan arrullos casi empalagosos a la Jefatura Superior, y está claro que ambos colectivos mantenían unas relaciones excelentes hasta que empezó la investigación del magnate.

Si el caso Cursach atiende a los presuntos delitos del empresario y a las mafias de las policías locales de Palma y PalmaCalvià, la tercera trama policial superpuesta del escándalo solo ha investigado las "filtraciones" favorables al rey de la noche. La Policía acumula exculpaciones peregrinas, donde uno de sus latiguillos más frecuentes reza que "se significa que solo Diario de. En efecto, se trata del reconocimiento siempre de agradecer a la diligencia profesional de un periódico, pero revestida de un manto pueril de suspicacias. Es raro que no "se significa" el entorno mediático de la fotografía de Cursach detenido en su casa, uno de los momentos cenitales de la trama.

La imagen aparece en Google, motor de búsqueda sin duda al alcance de la costosísima investigación intachable con fondos públicos. El inmaculado informe muestra una sagacidad encomiable para olfatear "filtraciones" ajenas, pero una ineptitud igualmente manifiesta a la hora de evaluar los escapes de la virginal investigación propia. El pasado diciembre se publicaba "en la prensa", término habitual de la Jefatura para referirse a los medios que no son Diario de Mallorca y que por tanto tienen presunción de veracidad, que la tercera trama perseguía a los creadores de "corrientes de opinión". Cuatro meses después, la Policía concluía con el celo adicional de las negritas que había atrapado a quienes querían "crear un estado de opinión". ¿No es una curiosa anticipación, digna de una reflexión en el texto policial inmarcesible? Además de plantear dudas sobre el delito exacto que consiste en crear opiniones, una incriminación colectiva de religiones y equipos de fútbol.

La Policía se ha dedicado en exclusiva durante un año a demostrar que la llamada de un periodista a su redactor jefe debía elevarse a la categoría de supuesta asociación criminógena. Con la particularidad de que si el trabajador no llamara a su superior, esta circunstancia también haría saltar las alarmas de la Jefatura. De hecho, ocurre así. En la investigación de teléfonos de periodistas ajenos por completo a las autorizaciones del juez, los funcionarios se escandalizaron por un terminal que corresponde a un fotógrafo de este diario, y que no se sabe cómo atribuyeron. Cuando resulta que pertenece al redactor jefe, modifican la orientación de su razonamiento, pero siguen escandalizados.

El informe inconmensurable consagra dos páginas repletas de insinuaciones a un fotógrafo que pasaba por ahí. El prístino "se da la circunstancia" olvida que había una probabilidad superior al treinta por ciento de que se le encomendara esa tarea. ¿Sugiere la Policía que los medios no deberían tener fotógrafos? En fin, la filtración número 11 del legajo está contenida en el titular "Las víctimas de Cursach se unirán en una asociación para acusarle". Si eso es todo, no vale la pena revisar las 36 restantes.