El fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón apoyó, el pasado diciembre, la incautación y análisis de los teléfonos y ordenadores de dos periodistas que cubrían el caso Cursach y a pesar de no estar investigados, según declaró ayer ante la jueza del Tribunal Superior de Justicia Felisa Vidal, Juan Carrau, delegado de esa área de la fiscalía en Balears. Carrau optó por declarar como testigo, aunque su exculpación del caso Móviles no es firme todavía, y asumió la responsabilidad de los cuatro autos que, según la querella de Diario de Mallorca y Europa Press, se dictaron en una causa por revelación de secretos y fueron delictivos.

Carrau compareció en calidad de testigo y sin abogado. Nicolás González-Cuéllar, letrado de la acusación particular, le recordó que su desimputación no es firme y que podría haber respuestas que le incriminasen. El fiscal anticorrupción de Balears sostuvo las mismas tesis justificativas de los autos que las mantenidas poco antes por el juez Florit: no se buscaba desvelar las fuentes informativas de los periodistas, sino localizar a los funcionarios públicos que estaban suministrando información reservada del caso Cursach.

Además, Carrau insistió en que el auto del 11 de diciembre, donde se ordenó la requisa de los móviles y dispositivos electrónicos de Kiko Mestre y Blanca Pou no pretendía averiguar sus fuentes informativas, sino preservar una prueba del presunto delito de revelación de secretos: un informe policial sobre un supuesto delito fiscal de Bartolomé Cursach y que fue publicado por varios medios de comunicación.

Carrau señaló que apoyó la requisa de los móviles de los dos informadores tras evacuar varias consultas telefónicas con su jefe, el delegado de la fiscalía anticorrupción Alejandro Luzón, que le dio el visto bueno al no ver colisión con el derecho a la información.

Lo que no consultó con Luzón fue el informe favorable al control de las llamadas de Mestre y Pou, una medida que no consideró invasiva de los derechos fundamentales de los periodistas, que nunca han tenido la condición de investigados en la causa por revelación de secretos.

Por otro lado, el fiscal superior de Balears ratificó ayer que dos fiscales anticorrupción de Madrid se harán cargo en el TSJB de la posible causa contra el fiscal Miguel Ángel Subirán. Luzón hace unos meses apoyó a Subirán por las presiones que éste sufría en el caso Cursach.

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