El magistrado Miquel Florit se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), para ser interrogado, en calidad de investigado, por los autos que dictó, entre septiembre y diciembre pasados en una causa por revelación de secretos del caso Cursach, y que serían constitutivos de varios delitos, entre ellos el de vulneración del derecho a la información en su modalidad del secreto profesional de los periodistas.
Florit ha llegado acompañado de su defensor, el exfiscal Josep Zaforteza, y tiene que declarar por la querella interpuesta por Diario de Mallorca y Europa Press, que le imputa los delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de comunicaciones, contra el libre ejercicio del derecho a la información y vulneración de la inviolabilidad de domicilio. El magistrado ha comenzado a declarar pasadas las diez y media de la mañana.
El abogado de los querellantes es Nicolás González-Cuellar, mientras por la fiscalía, que sostiene la inexistencia de delitos, actuará el fiscal superior Bartolomé Barceló.
A las 11,30 está citado el fiscal anticorrupcción Juan Carrau, que viene en calidad de testigo tras ser exculpado hace una semana por la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB en un auto que ha sido recurrido por las partes querellantes ante el Tribunal Supremo. Carrau deberá decidir si declara o guarda silencio en espera de que su desimputación sea firme.
Florit ha mantenido que no vulneró el secreto profesional de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou al dictar esos autos, que, según él, no pretendían determinar las fuentes informativas de los dos redactores, si no preservar el objeto material de un presunto delito de revelación de secretos atribuido posteriormente a cuatro agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Bartolomé Cursach.
Ese objeto material seria, según la tesis del magistrado, un informe elaborado por Blanqueo de Capitales sobre un presunto delito fiscal millonario de Cursach.
El juez también sostiene que el auto del pasado 11 de diciembre donde ordenó la requisa de los móviles de los dos periodistas y el registro de sus respectivas redacciones fue anulado por otra interlocutoria posterior, que lo dejó sin efecto.
La querella pretende esclarecer también si los móviles y los ordenadores de. Pou y Mestre fueron examinados durante las 24 horas que estuvieron bajo custodia de la Policía Judicial, que e es quien investiga la presunta revelación de secretos.
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