El Gobierno estatal ha dado luz verde a la Ley de Vivienda balear que permite expropiar temporalmente los inmuebles vacíos a los grandes tenedores, descartando así que vaya a tener que pasar por el Tribunal Constitucional. El acuerdo correspondiente fue firmado ayer en Madrid por la ministra de Función Pública, Meritxel Batet, y el conseller de Territorio, Marc Pons.
La aceptación de esta normativa autonómica ha venido condicionada a que se apliquen en ella algunos cambios, según se ha reconocido desde la citada Conselleria. En concreto, la cantidad que la Administración autonómica deberá pagar a esos grandes tenedores (principalmente entidades financieras) por disponer de sus inmuebles por un tiempo de siete años lo fijará finalmente la junta provincial de expropiaciones, y no como estaba previsto en la ley, donde ese valor se vinculaba al de la vivienda protegida.
Un aspecto señalado por el conseller Pons es que ese cambio a la hora de determinar la compensación económica a abonar a los grandes tenedores no va a repercutir sobre el futuro inquilino, al que se le va a aplicar una renta social siguiendo los criterios del Ibavi, es decir, en relación a su nivel de renta.
Lo que va a hacer el Govern finalmente es pagar a los bancos el alquiler que esos inquilinos van a abonar, y sumar la diferencia en el caso de que la valoración de la junta de expropiación sea superior.
Marc Pons insistió en que la intención del Ejecutivo autonómico "no es ganar dinero, sino sacar al mercado del alquiler viviendas que permanecían cerradas". En este sentido, recordó que ya hay más de mil pisos inscritos en el registro de inmuebles desocupados de las islas.
Por ello, destacó que el acuerdo alcanzado ayer, en el que la Abogacía del Estado ha respaldado la ley balear evitando que vaya al Tribunal Constitucional, supone que el decreto que desarrolla el reglamento sobre grandes tenedores podrá aprobarse antes de que acabe esta legislatura (solo le falta el informe del Consell Consultiu). Eso supone a su vez que el próximo Govern que salga de las elecciones de mayo podrá comenzar a entregar las llaves de ese millar de viviendaspodrá comenzar a entregar las llaves de ese millar de viviendas antes de que acabe el presente año.
El conseller de Territorio reconoció que el Estado ha obligado al Govern a dar un paso atrás por lo que respecta a exigir a notarios y registradores información sobre las viviendas vacantes, dado que una autonomía no tiene competencias sobre estos colectivos, pero destacó que el impacto que esta modificación tiene en la ley es mínimo.
Medida sin precedentes
Marc Pons hizo especial hincapié en que el Govern de Francina Armengol ha sacado adelante una vía para poner vivienda vacía en el mercado que es totalmente novedosa y que no tiene precedentes en España, lo que supone abrir el camino en la búsqueda de fórmulas para combatir el problema de acceso a una residencia. En este sentido, y una vez superado el análisis de la Abogacía del Estado, se mostró convencido de que otras comunidades autónomas van a seguir el ejemplo balear.
Además, recordó que al cabo de siete años estos inmuebles se devolverán a los bancos, y se mostró convencido de que a partir de ese momento éstos optarán por seguir destinando estos inmuebles al mercado del alquiler como forma de rentabilizarlos.
Respecto a que será el próximo Govern el que comience a adjudicar estas viviendas vacías, Pons se mostró convencido de que mantendrá el mismo color que el actual, pero añadió que si fuera de un pacto de derechas y quisiera dar marcha atrás a esta medida, "deberían ponerse colorados ante todos los ciudadanos".
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