La asociación Canarios sin Alas ha denunciado en Bruselas que el incremento del descuento aéreo al 75% ha provocado el incremento de las tarifas, dejando casi sin efecto la subvención y limitando también que los residentes en la Península puedan viajar a las islas a precios competitivos.
Una delegación de Canarios sin Alas, asociación que lucha por precios asequibles en los vuelos, acudió ayer a la capital de la UE para reunirse con eurodiputados y funcionarias de la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea. También se unió el economista Aleix Calveras, profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), autor de un análisis sobre cómo los precios de los vuelos se incrementan antes de aplicar la subvención.
Los isleños se reunieron con la eurodiputada de Podemos Tania González y el socialista canario Juan Fernando López Aguilar, además de con José Miguel Luengo, delegado del Gobierno de Canarias en Bruselas. Hoy continuarán los encuentros en la delegación del Govern en la capital belga. "La subvención distorsiona la competencia porque hay indicios de que provoca el alza de precios", denuncia Pablo Hernández, profesor canario de Derecho Tributario de Icade.
Hernández, miembro de Canarios sin Alas, junto con el economista de la UIB y el presidente de la asociación, Fernando Cabrera, le trasladaron a Sophie Moonen, jefa de la Unidad de Ayuda del Estado al Transporte de la Comisión Europea, la situación que padecen los isleños con el incremento de los precios de los vuelos bonificados con el 75%. A esto se suma, según le expusieron a la funcionaria europea, que hay rutas cuyos precios se distorsionan (afectando a otros ciudadanos de la UE), y que quienes salen beneficiadas son las aerolíneas más grandes, puesto que los pagos de la subvención son al menos a seis meses vista, lo que para las compañías de menor dimensión se convierte "en una barrera".
La normativa europea marca que las subvenciones "tienen que beneficiar a los usuarios finales, es decir, los ciudadanos", añade Hérnández. El sistema actual del descuento "hace que las empresas suban precios y una parte destinada a los pasajeros acaba en las compañías", acota el economista Calveras. Es decir, podría ser incompatible con el derecho comunitario.
Lo que se ha puesto sobre la mesa de la dirección general de la Competencia en Bruselas es que la política actual de suvenciones -que hasta el Gobierno canario llegó a rechazar en un informe de 2017- más que un beneficio es perjudicial para Canarias y Balears, por lo que será analizada y se ahondará en detalles técnicos. Por ello, se pretende que se busquen otros mecanismos para facilitar el transporte con las regiones periféricas.
Hasta el propio presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín, declaró en febrero en el Parlamento de Canarias que los precios bonificados se traducen en subida de precios y el aumento de la cuenta de resultados de las compañías.
También al eurodiputado socialista López Aguilar se le planteó que el Parlamento Europeo aborde el asunto, con el que el canario dijo empatizar -"además lo sufro"-. "La subvención tiene un efecto regresivo" por el encarecimiento de los billetes, reconoce.
"Vivimos haciendo trampas", dice Cabrera, en relación a los canarios y baleares que viven en la Península y siguen empadronados en las islas para no tener que pagar tarifas aún más desorbitadas para volver a su tierra.
