La Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) alertó ayer de la situación de "puertas giratorias" que se ha producido, según ellos, con el nombramiento del antiguo jefe de la Guardia Civil en Balears, el coronel Jaume Barceló, como enlace con el Govern en la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas.
La entidad advirtió de que Barceló -tras pasar a la reserva activa después de haberse jubilado- fue "colocado" en la Subdelegación de Acción Social a pesar de que, según su parecer, "no podía hacerse pues este puesto debe ocuparlo alguien en servicio activo".
Tras esto, el coronel entró en la Conselleria de Hacienda como asesor. Desde la IGC denunciaron "la doble vara de medir" pues "se ha buscado una plaza para una persona en la reserva activa y cuando se ha visto que no se podía se le ha buscado otra plaza".
Sin embargo, criticaron que a otras personas en activo, con cualidades profesionales para este tipo de puestos, se les ha cesado del destino. "Esta situación demuestra que la Guardia Civil sigue influida por la política", censuró la Asociación, que en un comunicado señaló que "se desconoce si esta conducta se debe a algún tipo de "pago de favores".
En este sentido, destacó que la dirección general ha esgrimido para justificar esta plaza, "de la que no se tenía constancia de su existencia y que parece creada para la ocasión", que el nombramiento se debe a "necesidades de servicio".
Cabe recordar que la portavoz del Govern, Pilar Costa, defendió el pasado febrero la decisión del Govern de fichar al exjefe de la Guardia Civil en Balears como nuevo asesor de la consellera Catalina Cladera, por su "experiencia y profesionalidad".
"No se trata de ningún asesor ni de ninguna plaza nueva del Govern sino que es un funcionario del Estado que se ha prejubilado y que no cuesta un euro a las arcas de la Comunidad Autónomano cuesta un euro a las arcas de la Comunidad Autónoma, ya que su sueldo sigue pagado por el Gobierno central", apuntó.
Desde la IGC se puso en conocimiento del ministerio del Interior lo que a su juicio es una "irregularidad jurídica", y el departamento que dirige Fernando Grande-Maslaska aconsejó la presentación de un recurso de reposición contra la resolución de destino. Por ello, los servicios jurídicos de la Asociación Independientes de la Guardia Civil se han hecho cargo de adoptar las acciones legales procedentes.
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