El Govern del Pacto, incluso para su propia sorpresa, acaba la legislatura cohesionado y con la decisión de sus miembros de reeditarlo tras el 26 de mayo, incorporando en esta ocasión a Podemos en el Ejecutivo en lugar de contar sólo con su respaldo parlamentario. El 30 de junio de 2015 la líder socialista Francina Armengol era investida presidenta en el Parlament tras unas negociaciones complicadas y con el entonces líder de Més, Biel Barceló, a su lado como vicepresidente ofreciendo la imagen de un Ejecutivo bicéfalo. Los precedentes de los dos anteriores Pactos de Progreso hacían temer una tensa legislatura y los primeros conflictos entre los socios de legislatura parecían confirmarlo, con el riesgo de que su ambicioso acuerdo de gobernabilidad quedara en gran parte en papel mojado.
No ha sido así, a pesar de las tensiones entre PSIB, Més y Podemos. La hoja de ruta plasmada en los "acuerdos por el cambio" suscritos entre las tres fuerzas políticas se traducía en 149 proyectos distribuidos entre las diez conselleries que integran el Ejecutivo. Sobre el papel, el Govern del Pacto acaba la legislatura habiendo cumplido con aproximadamente el 80 por ciento de su listado de medidas concretas y promesas sobre su forma de gobernar. Otra cuestión es si en todos los casos han logrado sus objetivos.
El REB, uno de los grandes retos de la legislatura, sirve como ejemplo. Armengol puede presumir de haberlo conseguido, pero el resultado queda lejos de sus reivindicaciones, frenadas primero por el Gobierno de Mariano Rajoy y, después, por el de Pedro sánchez. En tiempo de descuento, Armengol logró que el Gobierno socialista aprobara el pasado 22 de febrero un REB que contempla un fondo cuya dotación debe garantizar que las islas estén en la media de inversión del Estado. El paquete de medidas fiscales, en cambio, quedará en manos del Gobierno y de las Cortes que salgan de las urnas en las elecciones generales del 28 de abril.
En otras áreas de calado el Pacto no ha logrado revertir los problemas. Como grandes asignaturas pendientes quedan las del acceso a la vivienda y la masificación turística. A ellas se suman medidas de calado que han quedado sin aprobar, entre las que destacan el anunciado Pacto por la Educación y la regulación del 'tot inclòs' en turismo. Junto a ello, un buen paquete de cuestiones que han quedado sin resolver, como por ejemplo la continuidad de centros educativos ubicados en barracones o los periódicos colapsos en urgenciasde Son Espases, entre otras muchas. En todas estas areas, y otras, se han impulsado distintas medidas, sin haber alcanzado el aprobado en lo que se refiere a los resultados.
En el caso de la vivienda los propios socios del Pacto lo apuntan como uno de los grandes asuntos en los que no han estado a la altura que se esperaba. En mayo de 2018 el Parlament aprobaba la primera Ley de Vivienda de Balears, con un paquete de medidas entre las que destacaba la obligatoriedad para los grandes tenedores de pisos, la mayoría entidades financieras, de ceder al Ibavi los que llevaran dos años desocupados para destinarlos a alquiler social. Las más de 500 viviendas de protección oficial prometidas no estarán hasta la próxima legislatura.
Con los precios de la vivienda al alza, su carestía impide el acceso a muchos los ciudadanos de las islas, sin que se haya logrado revertir esta situación. Tampoco la ley de alquiler turístico, con la posibilidad de declarar una zona como de 'emergencia habitacional' en la que se eliminarían los alquileres turísticos para facilitar el acceso a la vivienda, ha conseguido que bajaran los precios. La prohibición del alquiler turístico decidida por el ayuntamiento de Palma y la zonificación aprobada por el Consell fueron recurridas por la patronal Habtur ante el TSJIB.
La masificación turística, con efectos no sólo sobre el precio de la vivienda sino también sobre infraestructuras, sigue siendo un problema. La aprobación del impuesto de turismo sostenible no ha disuadido a los visitantes de las islas, cuyo número ha crecido cada año. A cambio, la economía balear ha mantenido estos cuatro años un ritmo de crecimiento, precisamente con el turismo como motor.
Así, con más ingresos que el anterior Ejecutivo del PP, los presupuestos del Govern para este año ascienden a 5.457 millones de euros, 1.421 millones más que en 2015. Las prioridades a la hora de destinar estos fondos se han dirigido a salud, educación, servicios sociales y vivienda. A su vez, el Pacto deja las arcas autonómicas en mucha mejor situación que las encontró. Como ejemplo, 2018 cerró con una reducción de 96 millones en un año en la deuda balear, que en todo caso sigue siendo notablemente elevada: 8.706 millones de euros.
Tres remodelaciones de Govern en cuatro años con el apellido de Més
El Govern del Pacto ha padecido en estos cuatro años tres grandes crisis, todas ellas con los apellidos de Més. El 1 de abril de 2016, a sólo nueve meses de que el Pacto llegara al Govern, se producía el primer conflicto interno en el Ejecutivo de Armengol con la dimisión de Esperança Camps (Més per Menorca) como consellera de Transparencia, tras un feroz enfrentamiento con sus doce directores generales y altos cargos. Armengol aprovechó para una remodelación más profunda. A la entrada de Ruth Mateu como sustituta de Camps, se añadía la de Pilar Costa (PSIB) como consellera de Presidencia y portavoz del Govern, hasta entonces en manos de Marc Pons (PSIB), que pasó a ocupar la cartera de Territorio de la que salía Joan Boned, de baja por enfermedad desde hacía tiempo.
La segunda remodelación también llevaba los apellidos de Més. El 31 de marzo de 2017 Armengol destituía a Mateu por el caso de los contratos a dedo adjudicados al exdirector de campaña del partido ecosoberanista, Jaume Garau. La presidenta pactó esta salida con la cúpula de Més per Mallorca, provocando la decisión de Més per Menorca de abandonar el Ejecutivo. Mateu fue sustituida al frente de la Conselleria por Fanny Tur
En diciembre de 2017 unas vacaciones pagadas al Caribe acababan con la carrera política de Biel Barceló, que dimitía como vicepresidente y conseller de Turismo al comprobar la pérdida de confianza en su partido, Més per Mallorca, y el Consolat. Bel Busquets le sustituyó en el cargo.
A las tensiones por estas crisis, a lo largo de estos cuatro años se han producido distintos enfrentamientos entre los socios del Pacto, en especial entre PSIB y Més (miembros del Govern) y Podemos, a pesar de lo cual llegan al final de la legislatura defendiendo la reedición del Pacto si las urnas lo permiten el 26 de mayo.
