Un juzgado de Palma ha admitido a trámite una querella criminal contra una conocida entidad bancaria de Mallorca, por haber supuestamente "colado" a una familia un total de 28 pólizas de seguros, sin que los clientes los hubieran autorizado, ni tuvieran conocimiento de ello. Estas pólizas se cargaron en sus respectivas cuentas bancarias, alcanzando entre todos la suma de casi 33.000 euros.

La querella criminal ha sido admitida a trámite por la magistrada Ana San José, que aprecia indicios de delito tras el escrito que han presentado los perjudicados, que son un matrimonio, sus dos hijos y la empresa que dirigen. La querella, inicialmente, se presenta por los delitos de estafa, apropiación indebida, usurpación de identidad, revelación y descubrimiento de información privada y falsificación de firma en documento privado. En la querella no se especifica el nombre del responsable de la contratación de estas pólizas que no pidieron los clientes, dado que los perjudicados no disponen de ningún documento que les permita conocer al empleado del banco que tramitó los seguros y cargó el precio en las cuentas bancarias.

El juzgado, dentro de esta fase inicial de investigación, ya ha requerido al banco para que entregue todos los documentos sobre estas pólizas, así como otros papeles relacionados con estos clientes. El banco, sin embargo, ha contestado señalando que le es imposible cumplir la orden de la magistrada, porque los documentos que acreditarían la autorización a la contratación de las pólizas, se habrían perdido en una inundación. Casualmente, el único documento que entregan es un contrato con la firma de uno de los querellantes, que en este caso sí autorizó la contratación de una póliza.

La familia que ha presentado esta denuncia dirige una empresa y lleva años trabajando con la misma entidad bancaria, contra la que ahora se han querellado. La confianza entre los empleados y los clientes era total y absoluta, hasta que descubrieron que se han ido contratando de forma continuada un total de 28 pólizas de seguros, con su absoluto desconocimiento y, sobre todo, sin su consentimiento. Las pólizas corresponden a varios conceptos. Se han asegurado casas, vehículos e incluso se ha contratado una póliza de salud, que los clientes nunca han utilizado pero que sí han venido pagando a través de sus cuentas. Los perjudicados acusan al banco de haber utilizado la información que disponían de estos clientes, así como de sus datos particulares por otras contrataciones que habían realizado, para colarles estas pólizas y cobrar su importe. Los perjudicados han denunciado que han pagado pólizas por inmuebles que incluso no eran suyos. En otros casos se han asegurado casas que están vacías. También se ha descubierto que se ha asegurado un coche que en realidad no existe, pero cuya matrícula sí coincide con el vehículo particular de uno de los denunciantes, aunque el modelo es distinto y, además, ya disponía de un seguro con otra compañía.

Negociación

Los denunciantes, antes de acudir a los tribunales, han intentado negociar y alcanzar un acuerdo con el banco para saldar el tema. Lógicamente, además de solicitar la anulación inmediata de las 28 pólizas de seguros que no habían contratado, que la entidad bancaria les devuelva el dinero que, supuestamente, habrían facturado de forma irregular. Lo primero sí lo han conseguido, es decir, ya no les cobran los recibos de las pólizas, pero la entidad bancaria rechaza indemnizar a los clientes, que denuncian que la entidad se ha aprovechado de la confianza de años que existía entre el banco y el cliente.

Los perjudicados aseguran que el banco nunca les entregó ningún documento que acreditara la contratación de estos seguros, por lo que sospechan que la firma que autorizaba los pagos fue falsificada por alguna persona, pero no saben quién. Por ello, aseguran que la entidad bancaria ha actuado con ánimo de lucro y ha utilizado los datos particulares de estos clientes, con los que había suscrito varios créditos hipotecarios, para ir simulando la contratación de las pólizas. Los cuatro denunciantes no descartan denunciar los hechos ante la Agencia de Protección de Datos.