"En Baleares el alquiler social se justifica de un modo clarísimo", en opinión del ministro de Fomento, José Luis Abalos, mientras que el secretario general de UGT a nivel estatal, Pepe Alvarez, considera que la situación del mercado inmobiliario en las islas es "insoportable". Estas son algunas de las afirmaciones realizadas hoy en el marco de las jornadas sobre el problema de la vivienda que el citado sindicato ha celebrado esta semana en Palma, y en cuya clausura ha participado también la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Durante su intervención, el ministro ha recordado que el archipiélago es un territorio frágil y con un suelo escaso, y ha añadido que esta situación se ve agravada por la especulación que se genera en torno a este suelo y una actividad turística que incrementa estas tensiones. El resultado son los problemas que muchos trabajadores tienen para acceder a una vivienda.

Abalos ha defendido que la vivienda no debe de ser tratada como un bien de mercado, sino que debe de ser considerada como un derecho básico, al igual que la sanidad o la educación, ya que sin ella "no hay dignidad".

En cualquier caso, ha recordado que el derecho a la vivienda no debe ser confundido con el derecho a tenerla en propiedad, y en este sentido ha defendido el impulso que debe de darse al alquiler social, algo que en su opinión resulta especialmente evidente en Balears.

Por su parte, Pepe Alvarez ha calificado de "insoportable" la situación del mercado inmobiliario balear, y ha lamentado que de poco sirve firmar un excelente convenio colectivo como el de la hostelería de las islas si todas las mejoras salariales terminan siendo arrancadas del bolsillo de los trabajadores por el coste de los alquileres.

En este sentido, ha hecho dos reivindicaciones: la primera es que si se produce una reforma de la Constitución, tiene que incorporarse que el derecho a una vivienda digna sea realmente efectivo, y la segunda es un gran pacto de Estado entre todas las formaciones políticas para garantizar ese acceso.

Por su parte, Francina Armengol, ha subrayado también que "sin una vivienda digna no hay una vida digna", y ha expuesto las iniciativas que ha ido desarrollando su Govern para garantizar este derecho, ya sea limitando el alquiler turístico, obteniendo pisos vacíos de los grandes tenedores para ponerlos en el mercado o desarrollando nuevos proyectos de vivienda pública.

Discrepancias en la forma de afrontar el problema

Hay pocas cosas en las que coincidan los partidos políticos en relación a la vivienda, más allá de que el problema existe en Balears y es serio, y en la necesidad de impulsar el alquiler. Durante las jornadas organizadas por UGT se celebró una mesa redonda en la que participaron Damià Borras, del PSOE; Sandra Fernández, del PP; Joana Aina Campomar, de Més; Cristina Gómez, de Podemos; y Fernando Navarro, de Ciudadanos. Por ejemplo, las representantes de Podemos y de Més se declararon partidarias de poner límites al precio del alquiler; el del PSOE sí en el caso de la vivienda pública y solo en las zonas con problemas de especulación en el caso de la privada; mientras que los del PP y Ciudadanos se declararon en contra por considerar que solo serviría para reducir la oferta de viviendas disponibles. Estos últimos defendieron también la necesidad de impulsar la participación del promotor privado en el desarrollo de la vivienda protegida.