El presidente de Formentera irá a juicio por prevaricación y falsedad

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, los consellers Bartomeu Escandell y Sonia Cardona y el exconseller Josep Mayans Costa, de Gent per Formentera (GxF), se sentarán en el banquillo por el caso Punta Prima, acusados de la supuesta comisión de los siguientes delitos: prevaricación administrativa, desobediencia, falsedad, infidelidad en custodia de documentos y coacciones.

El magistrado del juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Santiago Pinsach, ha decretado la apertura de juicio oral, a pesar de que en mayo del año pasado la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de este caso urbanístico, y requiere, además, a los acusados el pago de una fianza de 500.000 euros para asegurar las responsabilidades económicas que pudieran imponerles en la sentencia. La querella se remonta al año 2012.

La propiedad del complejo turístico de Punta Prima, Sunway SL, del empresario Leo Stöber, ejerce la acusación. Sostiene que el presidente y los consellers encausados habrían paralizado la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Punta Prima al no publicar el preceptivo informe de impacto ambiental.

Además, considera que la aprobación de las Normas Subsidiarias, en 2010, fue arbitraria al clasificar la parte construida de Punta Prima (el promotor proyectaba una segunda fase) como Núcleo Rural y declarar los terrenos vacantes como espacios libres públicos de cesión gratuita al Consell. El querellante denuncia que este cambio urbanístico constituiría “una auténtica incautación o despatrimonalización groseramente arbitraria o injusta carente de toda justificación jurídica”.

En todo caso, el Tribunal Supremo falló en septiembre de 2017 en favor del Consell de Formentera (en el contencioso administrativo) y confirmó la legalidad de la normativa urbanística de Formentera. Precisamente, la Fiscalía basó en esta sentencia la petición de archivo de la causa penal. Asimismo, el Ministerio Público concluyó que no había quedado acreditado que durante 2008 y 2009 los querellados hubieran paralizado la aprobación definitiva del PERI de Punta Prima “de forma dolosa o a sabiendas de su injusticia”.

El presidente y los consellers estudian el auto del Juzgado de Eivissa y ofrecerán hoy su visión sobre la apertura de juicio.

Prepotencia

Por su parte, el querellante Leo Stöber, propietario de la empresa Sunway, manifestó ayer que no se siente satisfecho por el hecho de la apertura del juicio oral contra los altos cargos del Consell: “Estoy triste y disgustado por todo lo que me han hecho y no me da ninguna alegría, en absoluto, causar problemas a nadie”. Lamentó que desde que comenzó el llamado caso Punta Prima, “[el Consell] no haya hecho jamás ningún movimiento para subsanarlo, sino que siempre ha habido mucha prepotencia en contra mía”. Al ser preguntado sobre si estaba dispuesto a llegar a un acuerdo manifestó: “Paso atrás siempre puede haber pero no quiero que mis actuaciones se interpreten como de presión o de chantaje, he ido a la Justicia porque no me han dejado ninguna otra opción”.