El juez Florit ha confirmado los indicios que pesan sobre Pilar Carbonell, ex directora general de Turismo del Govern, y considera que son más que suficientes para que afronte como imputada el primer gran juicio del caso Cursach, por haber presuntamente ayudado a los negocios del polémico empresario de la noche. Carbonell, que tuvo que presentar su dimisión por este caso, ha sido acusada por la fiscalía de un delito de prevaricación y se expone a una pena de diez años de inhabilitación, lo que impediría volver a ocupar un cargo público durante este largo periodo.

El abogado de la ex directora general, Enrique Ordóñez, ha recurrido la decisión del juez y tiene previsto acudir a la Audiencia para que anule la decisión de que su clienta se siente en el banquillo para responder de este delito. Carbonell siempre ha mantenido su inocencia y ha negado que desde cualquier cargo público que hubiera ocupado, hubiera beneficiado los intereses de los negocios que encabeza el empresario Cursach.

No piensa lo mismo la fiscalía anticorrupción, que se basa en una investigación realizada por el grupo de Blanqueo de la Policía, que denunció varias actuaciones irregulares de Carbonell, tanto en su etapa en el ayuntamiento de Calvià, como después cuando ocupó la dirección general de Turismo. Una prueba que aportará la acusación es una grabación telefónica de una conversación entre Carbonell y el directivo de Cursach, Tolo Sbert, en la que se insinúa que le ayudó a acelerar un expediente que se tramitaba en la conselleria de Turismo.

La Policía también aportó el resultado de una investigación realizada en el consistorio calvianer, en la que se llega a la conclusión de que la única persona que pudo ordenar la desaparición de las multas que se imponían a los locales de Cursach era una mujer que respondía al nombre de Pilar, considerando por tanto que se podría tratar de la ex directora general.

No se concreta el nombre

Precisamente la falta de concreción del nombre es uno de los argumentos que utiliza la defensa, que insiste en que en la investigación policial se refieren siempre a Pilar, pero no a Pilar Carbonell. Al mismo tiempo, la defensa insistió en que su clienta nunca tuvo ningún tipo de competencia en materia sancionadora, por lo que rechaza que Carbonell hubiera intervenido en algún momento para que no se cobraran las sanciones que se imponían a los empleados de Cursach.

Salvo que lo impida la Audiencia, Pilar Carbonell será uno de los 24 acusados que ocuparán el banquillo en el primer gran macrojuicio que se celebrará por el caso Cursach. La fiscalía afirma que el empresario del ocio tenía a sueldo a políticos, funcionarios y policías locales de Palma para que todos ellos beneficiaran sus negocios, a cambio de regalos o de entrega de dinero.