Uno de los dos policías de élite que el año pasado investigaron un presunto delito de revelación de secretos del caso Cursach, la presunta trama delictiva en torno al empresario de la noche del mismo nombre, vio "vital" el control de las llamadas telefónicas de los periodistas de tribunales Kiko Mestre (Diario de Mallorca) y Blanca Pou (Europa Press) para descubrir la fuente informativa que supuestamente les había pasado datos sobre la instrucción de la causa de corrupción . Según un informe sobre lo ocurrido con los redactores aportado al juzgado del caso Cursach, los dos investigadores optaron por cribar las llamadas de Mestre y Pou para no tener que pedir la imputación de más de 20 funcionarios que tenían acceso al sumario del caso Cursach y centrar las sospechas en unos pocos de ellos.
Imputaciones erróneas: Todos los funcionarios o los redactores
"Los listados de las llamadas de los periodistas (entregados a la Policía por orden del juez Miquel Florit y con el apoyo del fiscal Juan Carrau entre septiembre y diciembre pasados) eran vitales para evitar imputaciones erróneas" de funcionarios con acceso al caso Cursach, afirma el mencionado documento.
Los dos policías estimaron que acceder al listado de las comunicaciones de Mestre y Pou era una medida más adecuada y proporcional que pedir los listados de llamadas de todos los funcionarios de instrucción 12, del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, de todos los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, de todos los fiscales y funcionarios de la fiscalía anticorrupción y de mandos policiales que habían accedido a informes del caso Cursach. El documento no cuantifica los posibles funcionarios sospechosos, pero superan la veintena.
Imputación genérica: Los periodistas no habían cometido ningún delito
Los investigadores de la revelación de secretos rechazaron "convertir a todos los funcionarios (con acceso al caso Cursach) en investigados por el mero hecho de ser funcionarios públicos", lo que hubiera supuesto "una imputación genérica y desproporcionada". Se eligió así el camino de los periodistas que habían tenido acceso a la fuente informativa, que los investigadores llaman "fuente corrupta", al estimar que los funcionarios que habrían pasado información sobre el caso son reos de corrupción. "A los periodistas, al no ser autores de ningún delito, no se les convertiría en investigados (y) no sería una medida genérica", se justifica el inspector.
Derechos en juego: Una llamada no revela la fuente de información, dice la Policía
La qquerella interpuesta por Diario de Mallorca y Europa Press contra el juez Miquel Florit y el fiscal Juan Carrau, imputa a ambos los presuntos delitos de prevaricación, contra el secreto profesional de los periodistas, interceptación ilegal de las comunicaciones y contra la inviolabilidad del domicilio. La querella sostiene que el control de las llamadas de los dos redactores, la requisa de sus móviles y ordenadores y el registro de su lugar de trabajo vulneró el derecho a la información al violentar sus fuentes de información.
Por el contrario, el informe policial mantiene que "aparecer en un listado (de llamadas) no supone ser una fuente de información en sí mismo" y el control de las llamadas de Mestre y Pou "se consideró una medida poco invasiva, puesto que no revela el contenido de las comunicaciones (que no se solicitó) ni por tanto la fuente".
Los dos inspectores también descartan que vulneraran la libertad de prensa, "puesto que en ningún caso se secuestró ninguna publicación o se prohibió (alguna información)".
El documento añade que no existe un desarrollo constitucional del secreto profesional de los periodistas, "ni una jurisprudencia asentada sobre la medida solicitada (el control de las llamadas de los redactores)" y recuerda "que no existe un derecho ilimitado". El documento apostilla que en este caso el derecho a la información "se enfrentaba a derechos también fundamentales como la intimidad, el honor, la propia imagen, derecho a un juicio justo..."
Llamadas: Comparar los listados con los teléfonos de los funcionarios
De acuerdo con el documento del inspector remitido al juzgado de instrucción 12 y que la fiscalía superior esgrime ante el TSJB como argumento para justificar el archivo de la querella, un buscador halló en los cientos de llamadas de los dos periodistas seis que estaban realizadas o dirigidas desde teléfonos de otros tantos funcionarios con acceso a la causa de Cursach. Pero todavía las sospechas no se habían centrado en algunos de esos seis. El informe remite aquí a los atestados para justificar cómo se estableció el foco en los dos policías de Blanqueo de Capitales que figuran como investigados en la causa por revelación de secretos. Los teléfonos de ambos funcionarios fueron pinchados con orden judicial y sus llamadas antiguas también fiscalizadas y comparadas con las llamadas de los listados de los dos periodistas.
Posteriormente, "en cuanto a los listados de los periodistas únicamente se hizo alguna comprobación sobre otros teléfonos a fin de descartar que pudieran ser de los investigados o de otras personas con acceso a la documentación (del caso Cursach) filtrada o de aclarar cadenas de llamadas con los investigados, ya conocidas por los listados de estos".
Custodia: La Policía afirma que los teléfonos no fueron inspeccionados
El 11 de diciembre los dos inspectores de la Policía encargados del caso de revelación de secretos consiguieron, mediante un auto del juez Florit, los teléfonos móviles de Pou y Mestre que eran de trabajo y personales. Ambos aparatos estuvieron bajo custodia policial casi 24 horas y después fueron depositados en la caja fuerte de instrucción doce, bajo control del secretario judicial. El auto autorizaba a la Policía a inspeccionar esos terminales, las tabletas, ordenadores y memorias informáticas de los dos periodistas en busca de cualquier documento del caso Cursach. La Policía afirma que no entró en los móviles, como se puede demostrar con las nuevas tecnologías.
