El anteproyecto de ley de régimen fiscal acordado por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y Pedro Sánchez tiene como fecha de caducidad 2026, según consta en el texto que ayer finalmente entregó el Govern a los grupos parlamentarios después de que PP, El Pi y Ciudadanos se aliaran para exigirlo.

Lo cierto es que no se han cumplido los temores de la oposición de que en la práctica estuviera trufado de ambigüedades, como consideran que ha ocurrido con el REB aprobado con las bonificaciones al transporte e inversiones. El anteproyecto de ley coincide con lo que ha ido adelantando Armengol.

En él, se establece que las medidas fiscales que contempla "tendrán efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley y el 31 de diciembre de 2026". Ese año se realizará "un control de eficacia que permita conocer el logro de los objetivos económicos perseguidos por los beneficios fiscales".

Así, el regimen fiscal tiene una fecha de caducidad, pero por ahora no tiene una de entrada en vigor. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la parte del REB correspondiente a inversiones y bonificaciones al transporte, pero las medidas fiscales quedaron fuera del decreto ley para tramitarlas como anteproyecto de ley, por lo que quedará en manos del Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril.

Por otro lado, el próximo día 20 los consellers de Hacienda y Territorio, Catalina Cladera y Marc Pons, acompañados de representantes del sector empresarial de las islas y de la secretaria general de Transporte del ministerio de Fomento se reunirán con el director general de Competencia de la Comisión Europea, Karl Soukup, para plantearle un sistema de ayudas para el transporte de mercancías para Balears no sujeto a las limitaciones de la regla de 'minimis'.