El juicio del caso Over, que ayer quedó visto para sentencia, ha sido un cúmulo de vicisitudes y de insatisfacciones. Pese a que ha habido un pacto entre la Fiscalía y Jaume Matas, por lo que respecta a la culpabilidad del expresident, al final nadie ha quedado conforme porque no hay afinidad sobre la forma en que debe aplicarse este pacto. Han pesado mucho los antecedentes de un Matas que ya acumula cinco sentencias condenatorias y también su responsabilidad en el ejercicio de la máxima autoridad autonómica.
En estas condiciones y en un momento electoral, el Govern lo tenía francamente mal para admitir un intercambio de privación de libertad por multa para quien, en el ejercicio del poder, ha reconocido haber financiado ilegalmente las campañas electorales del PP y se limita a admitir los hechos, en actitud de legítima defensa procesal, pero sin reconocimiento de culpa ni responsabilidad.
Desde estas posiciones de superficialidad a la defensiva se ha generado el descontento y hasta el enfado reinante. El PP está molesto por no haber logrado la descalificación del tribunal, Rodríguez no está por la labor de clarificar las cosas, el letrado de Matas habla de mala fe procesal en alusión a su colega del Govern y ve exceso de politización mientras Daniel Mercado recibe acusaciones cruzadas de mentiroso y el fiscal se aferra a contratos y financiaciones irregulares. Es un atasco de malversaciones sin solución de compromiso.
