15 de marzo de 2019
15.03.2019
Corrupción

El Govern quiere que Matas cumpla prisión por la financiación ilegal del PP

El fiscal mantiene que el partido pagó las facturas pendientes de la campaña de 2003 con Over con contrataciones públicas

15.03.2019 | 12:24

El juicio del caso Over quedó ayer visto para sentencia. Aunque el Govern, a través de la abogacía de la comunidad autónoma, aprobó el acuerdo entre Anticorrupción y Jaume Matas, que suponía una sustancial rebaja de la sanción penal, ahora se opone a que el expresident pueda sustituir la pena de prisión por el pago de una multa, como así ha acordado la defensa con el fiscal Juan Carrau. La abogada de la comunidad, María Ángeles Berrocal, que no suscribió el documento que han firmado el fiscal y el abogado, anunció ayer su oposición a que la condena que ha pactado el expresidente, de dos años y medio de cárcel por varios delitos, se pueda sustituir con una multa económica de 18.000 euros. La abogada apeló al amplio historial delictivo que arrastra Matas, pero sobre todo a que cometió el delito siendo la máxima autoridad política de Balears. "El tribunal debe aplicar una prevención general", reclamó la letrada.

Esta propuesta inesperada de la acusación particular del caso Over tuvo la inmediata respuesta de la defensa de Jaume Matas. El abogado José Zaforteza, que apenas había intervenido en el juicio tras el acuerdo que había alcanzado con el fiscal, acusó a la abogacía de la comunidad de romper la buena fe procesal, pidió que los acuerdos se cumplan y denunció que esta propuesta respondía a un intento para que el Consell de Govern no tenga que dar explicaciones de la razón por la que acepta que Matas no ingrese en prisión. "Se está politizando la justicia", denunció el letrado.

La última sesión del juicio se dedicó a presentar los informes finales de la acusación y la defensa. El primero en intervenir fue el fiscal Juan Carrau, que acusó al PP y a José María Rodríguez de "financiación irregular del partido", mediante la contratación irregular de la empresa Over a través de consellerias, para cubrir las facturas pendientes de la campaña del año 2003. El fiscal fundamenta su acusación en el testimonio del empresario Daniel Mercado, convertido en colaborador de la acusación, quien declaró, a cambio de evitar la cárcel, que se benefició de contratos amañados en las consellerias del Govern para cubrir las facturas pendientes del PP. También afirmó que Rodríguez "estaba al corriente de la campaña y de la financiación ilegal". La fiscalía, que reclama cinco años de cárcel para Rodríguez, sostiene que el político del PP impulsó uno de estos contratos irregulares con Over desde la conselleria de Interior. Y afirmó que ordenó pagar un contrato por un proyecto que no se había hecho.

Las defensas de los tres imputados que no han reconocido ningún delito, que son, además de Rodríguez, Marisa Durán y María Luisa de Miguel, acusaron al fiscal de hacer trampas durante el proceso, por haber utilizado una serie de documentos de muy dudosa legalidad. Sobre todo se refieren a un tarjetón que el fiscal entregó a la Guardia Civil, sin desvelar su procedencia, en el que Mercado agradece a la conselleria de Interior el pago de una de las facturas pendientes.

"Testimonio interesado"


Los abogados se quejan de que la fiscalía pueda pedir penas más altas de prisión a los funcionarios que a los máximos responsables de esta trama, como son Matas y Mercado, que han pactado que no entrarán en la cárcel. El letrado Madroñero, que defiende a Rodríguez (quien renunció a su derecho a la última palabra) cargó con especial dureza contra el empresario Daniel Mercado, al que calificó de "testimonio interesado". El abogado defendió que desde la conselleria de Interior se contratara a Over por el proyecto de la nueva imagen de la policía turística y rechazó, como afirmaba al fiscal, que se pagó por un trabajo inexistente. "Todo el mundo recuerda los coches de colores", recordó. El abogado Arbona, que defiende a María Luisa de Miguel, cuestionó que se persiga a los que no se han llevado el dinero y calificó al publicista de "mentiroso compulsivo". El letrado David Burgos, que defiende a Durán, negó que su clienta hubiera beneficiado a Over, y recordó que era una técnica y no una política.

Por su parte, la abogada del PP, que está acusado como responsable civil, intentó sin éxito recusar al tribunal, al que acusó de perder la imparcialidad, basándose en las preguntas que habían formulado las magistradas a algunos testigos. La abogada Carolina Carrasco también cargó contra Mercado y acusó al fiscal de realizar una criba para elegir a los acusados.

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