15 de marzo de 2019
15.03.2019

El fiscal acusa al PP de financiarse irregularmente a través de la empresa Over

Anticorrupción sostiene que el empresario se beneficio de contratos públicos para cubrir los gastos de la campaña de 2003

15.03.2019 | 16:06

Esta mañana ha quedado visto para sentencia el juicio del llamado caso Over, que pivota sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Baleares a través de contrataciones públicas de distintas consellerias que dirigía.

Una sesión que se ha dedicado a presentar los informes de las acusaciones y de las defensas, en las que se ha dejado de lado el análisis de los principales acusados, que son Jaume Matas y el publicista Daniel Mercado, dado que ambos han alcanzado un acuerdo con fiscalía para no ingresar en prisión. Por esta razón, el fiscal Juan Carrau dedicó todo su esfuerzo en José María Rodríguez, exsecretario general del PP, al que acusó de estar directamente detrás de la maniobra de financiación irregular del partido, que consistió en pagar las facturas que habían quedado pendientes de la campaña del año 2003, que organizó el empresario Mercado, a través de posteriores contrataciones en las consellerias del Govern.

Carrau aseguró que el partido tuvo que hacer frente a una deuda que derivaba de esta campaña, razón por la cual se ordenó la contratación de Over, que además cobró varias facturas con dinero negro. Señaló que el empresario Mercado instaló oficina en Mallorca de la mano de Matas y que en los cuatro años de legislatura del PP consiguió facturar 3,4 millones en dinero público.

Insistió en que, pese a que Rodríguez afirma que no participó en dicha campaña electoral, aseguró que varios testigos han declarado lo contrario, por lo que Anticorrupción mantiene que controlaba los fondos públicos que se gastaron en este proyecto y fue quien realizó los pagos en dinero negro.

Pero además de controlar la campaña electoral, el fiscal acusa a Rodríguez de haber contratado irregularmente a Mercado cuando fue conseller de Interior. Aseguró que autorizó el pago de una factura, que se refería al diseño de la policía turística, que no realizó el publicista, y se refirió a los documentos que aparecen en la causa que le implican en esta contratación.

"Todo fue un montaje, no hubo trabajo", afirmó el fiscal, que insistió en que el diseño de estos proyectos de la conselleria lo tenían que hacer los funcionarios y no un empresario externo. "Fue Rodríguez quien ordenó que se contratara a Over, porque así se compensaba la deuda que tenía con el PP". Esta misma dinámica se repitió después en la conselleria de Sanitat, donde también Over se benefició de varios contratos, por los que se juzga a la que fue jefa de prensa, Marisa Durán, para quien se reclama su condena.

La comunidad autónoma, como acusación particular, se allanó a la exposición del fiscal e incluso secunda el pacto que Anticorrupción alcanzó con Matas y con Mercado. Sin embargo, no suscribió el documento escrito por el que se acuerda que la pena de dos años y medio de prisión, por varios delitos, se sustituya por una multa económica de 18.000 euros.

La letrada María Ángeles Berrorcal pidió al tribunal que no acuerde la sustitución de la condena y que obligue a Matas a cumplirla en prisión, recordando que se trataban de delitos de malversación cometidos por el máximo responsable en ese momento de la comunidad autónoma. Además, recordó el amplio historial delictivo que arrastra Matas, lo que impide que se le pueda tratar como un delincuente primario.

La propuesta de la abogacía tuvo la respuesta de la defensa de Jaume Matas. El abogado José Zaforteza, que durante todo el juicio se había mantenido prácticamente en silencio por el acuerdo que había alcanzado con el fiscal, acusó a la comunidad autónoma de romper la buena fe procesal y exigió que se cumplan los acuerdo. "Se está politizando la política porque en el Consell de Govern no se quiere explicar la justificación del acuerdo con Matas".

El abogado David Burgos, que representa a Marisa Durán, afirmó que su clienta estaba sentada en el banquillo por un contrato de 1.500 euros, y aseguró que su clienta no era política, sino técnico, y que no participó en ninguna trama para beneficiar a Over para pagar la campaña del PP.

El letrado Miguel Arbona, que defiende a María Luisa de Miguel, que le piden cinco años de cárcel por haber autorizado el pago de la factura de Over en la conselleria de Interior, acusó a la fiscalía de utilizar maniobras irregulares ocultando el origen de una serie de documentos que implican a su clienta. "El origen de una prueba es esencial en un proceso y aquí no se ha querido averiguar de dónde salían estos documentos", que fueron entregados a la Guardia Civil por el exfiscal Pedro Horrarch, que intervino en la instrucción.

El abogado se mostró especialmente duro con el empresario Daniel Mercado, al que acusó de ser "un mentiroso compulsivo" y pidió al tribunal que no permita que se utilicen este tipo de maniobras irregulares en un proceso donde se solicita una pena tan elevada para su clienta.

En la misma línea de ataque se situó el abogado José Manuel Madroñero, abogado de José María Rodríguez, que afirmó que Daniel Mercado era un mentiroso y que su testimonio responde a un interés por evitar la cárcel. Sobre el contrato por el que se acusa a Rodríguez, el letrado afirmó que el proyecto de la nueva imagen de la policía turística se realizó y era necesario, negando por tanto que fuera un pago por un trabajo que no se hizo, como afirma el fiscal,y negó también que el exdelegado del Gobierno beneficiar a Over, como ha mantenido la acusación durante todo el juicio.

Después del intento fracasado que sufrió la abogada del PP de acusar al tribunal de actuar de una forma parcial por el interrogatorio de algunos testigos, la abogada volvió a reiterar en su informe la nulidad de todo el procedimiento por la incorporación irregular de algunos documentos utilizados por la acusación. Consideró la abogada Carolina Marín no existía razón alguna por la que el PP tuviera que estar defendiéndose en este juicio y acusó a Mercado de haber mentido en este juicio. También acusó al fiscal de haber realizado una selección de acusados, señalando que no se había justificado la presencia de algunos imputados y de otros no cuando habían intervenido también en estos contratos con Over.

Rodríguez renunció a su derecho a la última palabra, al igual que las otras dos acusadas.

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