13 de marzo de 2019
13.03.2019

La patronal del turismo de alquiler acusa al Consell de trabajar para los hoteleros

Habtur acusa a la institución insular de vulnerar derechos constitucionales de los propietarios al prohibir esta actividad en determinadas zonas

13.03.2019 | 13:02

La patronal del turismo de alquiler de Baleares, Habtur Baleares, ha explicado esta mañana las claves del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) contra el Consell de Mallorca por la zonificación de esta modalidad turística en la isla. Según la demanda de Habtur, el Consell ha incurrido en planificación económica, algo vedado por la normativa europea en materia de servicios, y está regulando únicamente en favor de los hoteleros.

Dicha normativa fue aplicada por el Ayuntamiento de Palma, que prohibió el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares de la ciudad  (edificios de pisos). La patronal del alquiler turística, representada por el abogado Tomás Villatoro, ha interpuesto dos contenciosos, uno contra el Consell y el segundo contra Cort.

Villatoro ha desgranado hoy las líneas fundamentales de la demanda contra el Consell que se basan en un incumplimiento de las directivas europeas sobre servicios y una supuesta vulneración de los derechos constitucionales de la propiedad y la igualdad de trato que estarían sufriendo los dueños de pisos que no pueden alquilarlas a turistas debido a las restricciones.

La demanda también acusa a la institución insular de no justificar adecuadamente las restricciones y de aplicar las medidas mas estrictas, como es la prohibición de esa actividad en determinadas zonas, frente a soluciones menos drásticas como la penalización fiscal para las viviendas desocupadas.

El Ayuntamiento de Palma y el Consell justifican los límites al alquiler turístico en un afán de frenar la subida del precio de la vivienda, ya sea en propiedad como en alquiler, en el respeto a la tranquilidad de los vecinos que viven junto a pisos o casas de alquiler por días y en una limitación global del número de turistas que llegan a la isla.

Villatoro ha rebatido esos argumentos y ha insistido en que las normas impugnadas benefician únicamente al modelo turístico tradicional basado en los hoteles y eliminan beneficios del turismo de alquiler, como son la potenciación del comercio de proximidad o el acceso de los propietarios en general a rentas turísticas.

 

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