El Parlament aprobó ayer la quinta y última ley impulsada por la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación de esta legislatura. Se trata de la modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de las Illes Balears, que, como las cuatro anteriores iniciativas legislativas de la Conselleria, no ha tenido ninguna enmienda a la totalidad.
La consellera Fina Santiago defendió que la modificación de la Ley se basa en la necesidad de ajustar la normativa autonómica a la Ley estatal 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que establece que la figura de mediador o mediadora debe tener una titulación universitaria o formación profesional superior, mientras que la autonómica lo limitaba, hasta ahora, a titulaciones concretas.
Con esta adaptación, se garantiza a la población de las islas y a las personas que ejercen la mediación las mismas condiciones y los mismos requisitos que los establecidos en la normativa estatal.
