Solo faltan 16 días para el 29 de marzo, fecha en la que, haya acuerdo entre ambas partes o no, Reino Unido abandonará definitivamente la Unión Europea. A pesar de faltar tan poco tiempo, todavía existe una gran incertidumbre sobre cómo quedarán las relaciones entre las dos regiones.

Este escenario pone a las empresas en una difícil situación, por ello los expertos recomiendan "revisar la cadena de suministro y la relación con los socios comerciales, las capacidades de la compañía [en cuanto a si disponen del personal necesario], y la situación fiscal como operador de importaciones y exportaciones", apuntaba ayer Enrique Tejedor, director responsable de fiscalidad indirecta de comercio exterior en Price Waterhouse Cooper (PWC).

Tanto Tejedor, como Ramón Mullerat, socio responsable del área de fiscalidad internacional en PWC; y Jack Lenzan, senior manager también en PWC, abordaron ayer en CaixaForum, en una jornada organizada por el propio PWC, la Asociación de Directivos Baleares (ABD) y el Cercle de d'Economia de Mallorca, de los posibles impactos y las medidas preventivas que se pueden implantar en áreas como la fiscalidad y la libre circulación de bienes y servicios para, en palabras de Tejedor, "amortiguar el golpe" sobre todo en el caso de que Reino Unido 'se divorcie' de la Unión Europea sin acuerdo.

Si esto ocurriera, sería "el peor escenario desde el punto de vista empresarial", como sentenció Mullerat, ya que el régimen comercial entre ambas regiones pasaría a estar sujeto a las normas de la Organización Mundial del Comercio y "toda exportación de bienes estaría sujeta a aranceles económicamente significativos", explicó, puesto que Reino Unido sería tratado como un país tercero.

Todo ello implicaría el control de los bienes y de personas en la frontera y pagos arancelarios, es decir, se producirían, como así puntualizó Tejedor, "retrasos en la entrega de las mercancías" y sería necesaria la contratación de personal especializado que sepa elaborar "las complejas declaraciones de importación y exportación requeridas". Así, advirtieron de los enormes gastos y retrasos que un brexit duro supondría para las empresas españolas.

El 'divorcio' sin acuerdo también tendrá implicaciones en cuanto a la libertad de circulación de personas. En este caso, a partir del día 30 de marzo -si el Parlamento británico no solicita una extensión del plazo de salida- quienes viajen a Reino Unido se encontrarán con restricciones. Según Lenzan, estas personas "tendrán que entregar un visado si van a estar en el país más de tres meses", un permismo que tendrá una duración de hasta 36 meses. Superado este periodo, si la persona en cuestión quiere permanecer en el país, deberá solicitar un permiso especial "a través de un sistema que todavía no existe", aseguró el experto.

Reino Unido solo quiere a los mejores

Con estas medidas, Reino Unido busca que solo resida en el país personal altamente cualificado, "gente que demuestre ser trabajadora", explicó Lenzan, por lo que se impedirá la permanencia por más de 39 meses "a los menos cualificados".

Según el experto, algunos grupos hoteleros están experimentando ya en el país problemas de "retención de trabajadores" procedentes de la Unión Europea, debido a los controles a los que se verán sometidos, por ello Lenzan puntualizó que mientras que Reino Unido busca "llevarse talento, tiene que estudiar cómo llenar todos esos agujeros".