Baleares prohíbe la entrada de Uber y Cabify. El decreto ley del Govern pactado con los taxistas para regular el servicio de licencias VTC, que obliga a este tipo de oferta a cerrar sus reservas con un mínimo de media hora de antelación -15 en recorridos urbanos si así lo decidieran consells o ayuntamientos- y que prohíbe la captación de clientes en la calle, lo que a la práctica impide la actividad de estos operadores, vio este martes luz verde con los votos del Pacto, del PP y del Pi y con el único voto en contra de Ciudadanos.

El conseller socialista Marc Pons, que defendió su decreto, señaló que la nueva regulación permitirá "el equilibrio del sector del transporte" y subrayó el consenso entre los taxistas y los actuales operadores de VTC.

El decreto establece que no se pueden prestar servicios de VTC si no han sido contratados con una antelación mínima de media hora -dejando la puerta a 15 si así lo decidieran consells y ayuntamientos- y prohíbe la captación de clientes en la calle. Dos medidas que impiden a la práctica el modelo de grandes operadores como Uber y Cabify.

El PP, que a nivel nacional apoya la liberalización del sector, se ha sumado al apoyo al decreto señalando que “el PP siempre ha estado al lado de los taxistas”. No obstante, su diputada Mabel Cabrer, criticó que el ministro José Luís Ábalos, “pasara el marrón a las comunidades, provocando diferencias territoriales y generando más conflicto”.

El diputado de Podemos, Carlos Saura, afeó al PP “defender aquí una cosa muy diferente a lo que hacen en Madrid” y justificó su voto en que si Uber y Cabify “tuvieran el monopolio mandaría la ley de la oferta y la demanda y subirían los precios”. “El taxi es esencial para evitarlo”, defendió el diputado podemita.

Desde Més, su diputado Antoni Reus, criticó que estas plataformas “quieran dar servicio fuera de cualquier regulación” y, desde el Pi, Jaume Font, argumentó que “la libertad de mercado no puede ser a costa de la desaparición del taxi”. “La administración debe intervenir para una transición tranquila”, añadió el regionalista.

"Calco de Cataluña"

La única oposición y el único voto en contra del decreto fue el de Ciudadanos. El portavoz del partido de Albert Rivera, Xavier Pericay, alertó de que el decreto balear “es un calco del de Cataluña”, señalando que hay riesgo de “recurso de inconstitucionalidad”, toda vez que así ya lo ha apuntado el Comité de Garantías Estatutarias de Cataluña. “Los dos sectores son complementarios”, defendió Pericay, poniendo como alternativa “facilitar desde la administración la adaptación del taxi en lugar de echar a sus competidores”.