El Tribunal Supremo ha dictaminado que el personal interino de la Comunitat Autònoma tiene derecho a cobrar el complemento de la carrera profesional que ya perciben los funcionarios y trabajadores fijos, dando así la razón al recurso presentado por el sindicato STEI, representado por la letrada María Canudas. Esta decisión puede beneficiar en primera instancia a unos 1.500 empleados de la Administración autonómica, pero en caso de crear jurisprudencia podría extenderse también a Consells Insulars y ayuntamientos de las islas, según se pone de relieve desde la citada organización.

Desde la conselleria de Hacienda se anuncia ya que la sentencia se va a acatar al no caber recurso, pero rebaja la cifra de posibles beneficiados a unos 1.000. Además, recuerda que el actual Govern ha vuelto a convocar oposiciones para limitar la tasa de interinos.

La carrera profesional la están percibiendo actualmente los funcionarios y laborales fijos de la Comunitat Autònoma, lo que engloba a unas 3.000 personas, según los datos facilitados por el portavoz del STEI, Pere Bueno. Pero no la recibían unos 1.500 interinos y personal laboral temporal.

Ahora el Supremo ha decidido que éstos últimos también tienen derecho a percibir este complemento, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2016, y recibiendo además los intereses de demora, de un 5% anual.

Según los datos facilitados por el STEI, este complemento puede suponer unos 70 euros mensuales para un ordenanza con cinco años de experiencia y llegar a los 1.000 euros al mes para un licenciado con 20 años de antigüedad. Pero la media se cifra en torno a unos 170 euros mensuales y, en el caso del personal temporal, que es el afectado por la sentencia, esa media se estima en unos 100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que se perciben 12 pagas y hay unos 1.500 empleados que se ven beneficiados por la sentencia, el coste para las cuentas de la Comunitat Autònoma se cifra en 1,8 millones de euros anuales, aunque desde el citado sindicato se señala que es solo una estimación. Como se ha indicado, a ello hay que sumar que la mayoría de estos afectados van a poder percibirla con carácter retroactivo, correspondiente a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y lo que se lleva de 2019, más los intereses de demora, lo que multiplica el desembolso que desde el Ejecutivo autonómico se deberá realizar, según se pone de relieve desde esta organización.

Bueno no oculta que hay otras organizaciones sindicales que habían recurrido ante el Supremo la sentencia inicial del Tribunal Superior de Justicia de Balears que dio la razón al Govern a la hora de no abonar el citado complemento salarial a interinos y personal temporal, pero la primera sentencia que se ha hecho pública corresponde a la impulsada por el STEI.

"Existe discriminación"

En este texto, el Supremo alega que "existe discriminación" de los funcionarios y laborales de carácter interno, debido a que se condiciona su participación en la carrera profesional, pese a que la labor que desempeñan es la misma que la que desarrollan los empleados públicos de carácter indefinido.

Un aspecto a tener en cuenta es que ni el personal docente ni el de las empresas públicas están afectados por la decisión del Supremo, ya que en su caso no está contemplada la carrera profesional.

Sin embargo, sí existen reclamaciones similares en relación al Ib-Salut, donde el nivel de interinidad se mueve entre un 30% y un 40%, según los datos del STEI, y donde este personal cobra un plus inferior al fijo.

Un impacto que puede llegar a toda la Administración

La importancia de la sentencia del Supremo exigiendo el pago de la carrera profesional al personal interino de la Comunitat Autònoma puede multiplicarse si sirve para crear jurisprudencia, ya que en este texto el propio tribunal recuerda que ya había tomado una decisión similar respecto al personal estatutario no fijo del Servicio de Salud catalán.

Pere Bueno subraya que de confirmarse que la sentencia crea jurisprudencia, afectaría también a Ayuntamientos y Consells Insulars, y en este aspecto recuerda que en Mallorca un 50% del personal de sus servicios generales es interino, tasa que crece hasta el 80% cuando se trata de la plantilla de su Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).