El Govern ha conseguido convencer al ministerio de Administraciones Públicas para que desista de seguir con las discrepancias del Estado contra la Ley de Vivienda de Balears aprobada el mes de mayo. Madrid había mostrado sus discrepancias y lanzado una seria advertencia de que podría llegar a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Entre otros aspectos cuestionaba el artículo de la norma que obliga a los grandes tenedores de pisos vacíos a cederlos a la administración. Ello era considerado como un principio de expropiación.
Sin embargo, desde el Govern, en concreto desde la conselleria de Territorio, Transportes y Energía, se ha argumentado los motivos de esta medida ante el ministerio de Administraciones Públicas, se ha matizado que en ningún momento tiene afán expropiatorio y que no invade competencias estatales. Se han mantenido reuniones y el Govern ha podido explicar al Gobierno central que la única finalidad es hacer frente a los enormes problemas de vivienda que existen en nuestra Comunidad. Si bien el acuerdo no está firmado, desde el Govern aseguraron que Madrid ya les ha confirmado que no interpondrán el recurso de inconstitucionalidad.
Uno de los aspectos que ponían en duda desde el Ministerio era que para la cesión de las viviendas que lleven más de dos años vacías y en poder de los grandes tenedores se obligara a formalizar la operación mediante notarios y registradores de la propiedad, profesionales que están bajo la competencia del Estado. Para salvar este escollo se han puesto sobre la mesa varias alternativas fiables que son aceptadas por Govern y por Ministerio, indicaron fuentes del Ejecutivo balear.
El Consellpor su posible inconstitucionalidad. Además de la medida de obligar a los grandes tenedores a ceder las viviendas vacías, también ponía en duda la prohibición de los desahucios por parte de bancos y obligarles a alquilar el inmueble a quienes no puedan pagar la hipoteca. Ante este aviso del Consultiu, el Govern eliminó el precepto que ordenaba a las entidades bancarias a ofrecer una alternativa de vivienda a familias sin recursos desahuciadas por impagos hipotecarios.
Ley innovadora
La nueva Ley de la Vivienda aprobada por el Parlament el pasado mes de mayo obliga a los grandes poseedores de viviendas (los llamados fondos buitre y los bancos, no particulares), a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una "necesidad objetiva de dificultad de acceso".
La norma contempla crear un cuerpo de inspección, tanto para detectar viviendas vacías como usos irregulares de las viviendas de protección oficial y otras infracciones, e incluye medidas para potenciar el alquiler social.
Por otra parte, para garantizar la existencia suficiente de viviendas de protección oficial en Balears, todas las nuevas promociones mantendrán siempre su calificación de VPO, de forma que nunca se podrán vender por encima del precio que se establezca.
