Yerling Aguilera, de 27 años, y Jessica Cisneros, de 26, abandonaron Nicaragua en agosto enroladas en la Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua, una iniciativa popular para denunciar internacionalmente la "represión" llevada a cabo por el Gobierno de Daniel Ortega contra críticos y opositores. Ya no pudieron volver. Desde entonces residen en Madrid como exiliadas. Han solicitado el asilo político y mientras se tramita dedican toda su energía a denunciar "la constante vulneración de los derechos humanos" que sufre buena parte de la población y que se ceba en los estudiantes, germen de un movimiento de contestación social que dura ya hace casi un año.
"Con todas las acusaciones que pesaban contra nosotras, volver a Nicaragua significaba ingresar directamente en la cárcel. Decidimos exiliarnos a Madrid, donde teníamos una red sólida de nicaragüenses que nos podían respaldar", relata Aguilera.
Estas dos activistas visitaron ayer Mallorca invitadas por las fundaciones Darder-Mascaró para explicar el colapso de un país que acumula meses de protestas, más de 600 víctimas mortales y cerca de dos mil detenidos - "presos políticos", precisan-.
Detenciones arbitrarias
"Hay documentadas torturas y violaciones a presas y a presos, y por si fuera poco se acosa a sus familiares. Somos más de 40.000 personas en el exilio y volver ahora implicaría sufrir cárcel o ser asesinado. La represión está generalizada y en los barrios hay grupos que denuncian a otros vecinos. El Gobierno quiere aparentar una normalidad democrática, pero no es así. Pueden detenerte o hacerte desaparecer en cualquier momento", explica Aguilera, socióloga y profesora antes de dar el paso al activismo.
Forman parte de la Articulación de Movimientos sociales de Nicaragua, una plataforma en la que convergen el movimiento campesino, estudiantil, feminista y personas y entidades de la sociedad civil.
La mecha prendió el pasado 18 de abril, cuando el Gobierno sofocó violentamente una protesta de estudiantes en la Universidad Centroamericana de Managua terminó. La indignación recorrió otras universidades, salió de la capital Managua y contagió a buena parte de la sociedad civil. Los primeros "asesinatos de estudiantes" elevaron la tensión y la "insurrección" alcanzó a todo el país.
"La violencia ejercida por el Estado precipitó las demandas de la gente. Inicialmente las movilizaciones no demandaban la renuncia de Daniel Ortega. Pero entonces se instaló un Estado de sitio en el que cualquiera puede acabar en la cárcel acusado de terrorismo", afirma Aguilera.
Una "olla a presión"
Los estudiantes protagonizan un movimiento de protesta que también se define como feminista. "Me uní por inconformismo, por el hecho de que sufriéramos una persecución no por el hecho de pertenecer a un partido, sino por ser activista", subraya Cisneros.
"El 18 de abril hubo una gran represión donde yo me encontraba, principalmente contra ancianos. Desde entonces hay más de doce organizaciones de defensa de derechos humanos clausuradas, solo por denunciar lo que está pasando", cuenta esta graduada en Diseño Gráfico y experta en participación ciudadana de los jóvenes.
Cisneros dice que el país ya era una "olla a presión" antes de aquel 18 de abril. "Estaba la lucha campesina, y también el movimiento feminista, perseguido desde hacía mucho tiempo. Vivíamos una represión silenciosa", sintetiza esta activista.
Refieren "torturas, detenciones ilegales y desapariciones" que llevan la firma de "la policía y los paramilitares". Y describen un Estado en el que el Gobierno de Ortega lo controla todo: universidades, empresarios, jueces y hasta barrios en los que ciudadanos afines al régimen "acusan falsamente" a otros vecinos.
"Allí la izquierda y la derecha se desdibuja. Es un Gobierno de retórica populista, pero en la práctica es neoliberal. Para tener una beca necesitas el aval del partido, para trabajar en el Estado también y si no te manifiestas a favor del Gobierno te despiden. Todos los espacios públicos de toma de decisiones y la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a Ortega", denuncia Aguilera.
Apelan a la "vía pacífica" y a la comunidad internacional para "forzar" al presidente nicaragüense a sentarse a dialogar. "La vía diplomática está siendo lenta, pero hemos construido redes de solidaridad en toda Europa. Exigimos que abran las puertas y que dejen entrar a los organismos internacionales que han sido expulsados", reclama la activista.
Cisneros y Aguilera quieren ver a Ortega abandonar el poder más pronto que tarde, pero van más allá: "Hace falta un proceso de reconfiguración del aparato estatal y que estudiantes y campesinos se incorporen a la participación política".
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