El juez Enrique Morell archivó ayer, de oficio y sin consultar a las acusaciones, el caso Contratos, la presunta trama de corrupción en departamentos del actual Govern, el que fuera coordinador e ideólogo de la campaña electoral de los ecosoberanistas en 2015. Morell no ve indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias en el caso y rechaza que los cinco contratos investigados se fraccionaran ilegalmente para poder adjudicárselos a dedo (sin concurso) a Garau, como sostenía la fiscalía anticorrupción en su querella.

Morell entiende que los hechos, que fueron denunciados por el Ministerio Público en octubre del 2017, no son constitutivos de delito, decreta el sobreseimiento de la causa y deniega la práctica de la prueba pedida por el Partido Popular, que hace unas semanas se personó como acusación popular. El sobreseimiento se extiende a todos los investigados que fueron altos cargos de Més.

La querella de la fiscalía anticorrupción se dirigió contra la empresa que utilizaba Garau para que sus compañeros de Més le adjudicaran los contratos, Regio Plus Consulting, cuyo administrador es el propio Garau. Además del exjefe de campaña de Més y de la exconsellera de Cultura Ruth Mateu, también fueron denunciados por la fiscalía tres excargos más del partido. Se trata del exdirector general de Cultura, Jaume Gomila; el exdirector del Institut d'Estudis Baleàrics, Josep Ramón Cerdà, y del exdirector de la Agencia Balear de Turismo, Pere Muñoz. Todos ellos firmaron cinco contratos menores o negociados con Garau. Posteriormente, también declararon como investigados el director general y un empleado de la consultoría Pysma Ibérica, que hizo algunos trabajos de campo sobre hábitos culturales en Balears y satisfacción de los turistas, que luego fueron usados por Garau para sus informes. Pysma también subcontrató con Garau la realización de 300 encuestas.

El magistrado ha decidido dar carpetazo a la causa sin pedir la opinión al Govern, que ejercía la acusación particular, al PP, al que la Audiencia autorizó su personación y a la fiscalía anticorrupción.

El juez entiende que tras la larga instrucción, con informes de la Policía Nacional y Agencia Tributaria, declaraciones de los investigados y de testigos, se llega a la conclusión de que no hubo delitos en los contratos adjudicados a Jaume Garau.

Encuestas turísticas

Según la querella, el exdirector de la Agencia de Turismo de las Illes Balears (ATB), Pere Muñoz, "ejecutó el fraccionamiento" de un contrato por valor de unos 80.000 euros, del que "se beneficiaron económicamente Garau y otro empresario. El objeto del trabajo era la realización de una encuesta sobre satisfacción turística.

Jaume Garau, y los otros investigados, argumentaron que los contratos no se habían fraccionado y que era normal, más útil y más barato, entre las Administraciones, el encargar encuestas sobre varios asuntos y luego utilizar los resultados en distintas investigaciones demoscópicas.

Los investigados, según el auto, "explicaron de forma coherente el objeto de los diversos contratos y la razón por la que consideraban que no constituían una unidad indivisible y, de forma unánime y en esencia, afirmaron que, por un lado están las encuestas (trabajo de campo) y por otro los estudios (análisis del trabajo de campo) encargados con base en las mismas encuestas y, a veces, con base en otras fuentes, de tal forma que las encuestas pueden utilizarse para otros estudios no solo para los previstos sobre el impacto económico de la cultura de Balears y los hábitos de consumo cultural en Balears (...) y de satisfacción de los turistas que visitan las Illes Balears".

El juez descarta así que hubiera prevaricación por parte de los exaltos cargos, lo que impide también el segundo delito investigado: el de tráfico de influencias.

El instructor tampoco ve delito en las relaciones entre Garau y Pysma, a la que el Govern encargó 1.600 encuestas, de las que subcontrató 300 al primero.

El auto de archivo puede recurrirse en reforma y apelación por cualquiera de las tres acusaciones personadas. Sería así la Audiencia la encargada de decidir si el caso va a juicio o se cierra.

La resolución judicial dedica varios folios a distinguir entre una ilegalidad o nulidad administrativa sobre un contrato de un delito respecto al mismo expediente. No todo lo ilegal es delito, concluye el instructor.